Ángel Cabeza: "La gente solicita nuestra intervención por falta de buenos planes territoriales"

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha adquirido un rol protagónico durante las últimas semanas, debido a su intervención en proyectos como el de la Villa San Luis, en Las Condes, o la Casa Italia, de Viña del Mar. Su vicepresidente ejecutivo, el director de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam), Ángel Cabeza, explica que son los propios vecinos quienes utilizan la Ley de Monumentos como una herramientas de protección.

Cabeza, arqueólogo de profesión, lleva más de 13 años en la institución y afirma que pasaron de analizar 300 casos al año a revisar más de cinco mil en 2016. "Es una presión, porque siempre estamos detrás de la demanda", señala.

¿Cómo ha cambiado el trabajo del CMN en los últimos años?

En los últimos 20 años ha habido una expansión geométrica en cuanto a la protección patrimonial, y que no está a la par con la cantidad de recursos humanos y financieros que tiene el CMN, que es una entidad fundamentalmente concentrada en Santiago, casi sin representación alguna en regiones. Ahora tenemos cinco mil solicitudes anuales, pero hemos hecho esfuerzos. Hace dos años empezamos a hacer dos sesiones por semana y logramos acortar el tiempo de espera promedio de una solicitud de seis meses a cerca de tres meses.

¿Por qué existe tal concentración?

Ese es un problema estructural de la legislación, es totalmente concentrada, no existen concejos regionales. De momento, tenemos oficinas que estamos creando, y hay entidades que nos colaboran, pero no están en la ley. El otro defecto estructural tiene que ver con que se obliga al particular, al propietario, incluso al Estado, a mantener a su costo ese patrimonio protegido.

¿Por qué cree, entonces, que aumentan las solicitudes al CMN?

Desde los años 60 hasta los 90, incluso, nosotros íbamos a declarar. Hoy día el sistema es totalmente al revés, estamos sobrepasados en las solicitudes, en las declaratorias de monumentos, históricos y zonas típicas, desde el punto de vista de la demanda ciudadana. Es la gente la que solicita nuestra intervención por falta de buenos planes de ordenamiento territorial. El tema tiene que ver con la presión urbana y con ciertas libertades que a veces son abusivas, desde el punto de vista de creer que puedo hacer lo que quiera en el territorio. La gente ve cómo en barrios tradicionales , empresas compraban tres o cuatro casas y después construían un edificio, que legalmente lo podían hacer, porque el plan regulador no tenía reguladas las alturas, pero no es lo que quería la comunidad. Un ejemplo es el barrio Las Flores, en Providencia, donde los vecinos querían seguir viviendo en casas. Entonces, la Ley de Monumentos ha sido utilizada por muchas de estas personas que quieren preservar su modo de vida, sus barrios.

De todas formas, hay quejas por todas las limitaciones que el CMN impone.

¿Quejas de quién? ¿Quiénes son los que se quejan?

Los dueños, las inmobiliarias…

Las inmobiliarias..., nosotros acá prácticamente no tenemos reclamos de propietarios particulares. Los reclamos de quienes tienen la propiedad de Monumentos Nacionales es que nos demoramos en contestar. Pero el reclamo más estructural, que ha aparecido en la prensa por situaciones como la de la Villa San Luis o la Casa Italia, de Viña del Mar, es en proyectos donde hay intereses inmobiliarios de grandes empresas. Son legítimos, pero que entran en colisión con otros intereses también legítimos, de protección de la memoria histórica, de valores arquitectónicos o de estilos de vida. Nosotros tenemos que lidiar y hacer compatibles estas dos situaciones.

La Cámara Chilena de la Construcción señaló, a propósito de la Villa San Luis, que el actuar del CMN atentaba contra el derecho a la propiedad y la inversión. ¿Cómo toman esta acusación?

Es parte de nuestro rubro, son las variables que tiene nuestro negocio. Y no solamente aquí. Yo invitaría a que consulten con empresarios en Roma, Lima, Cusco o Buenos Aires. Aquí hay distintos tipos de intereses o valores que entran en contradicción y que la autoridad, basada en la ley, tiene que tratar de resolver. En este caso, la Ley de Monumentos no impide y no expropia. Lo que hace es regular el uso. Todos los países del mundo tienen leyes de patrimonio, y todos los países del mundo tienen que lidiar con este conflicto entre conservar, renovar y construir.

Internacionalmente pareciera que existe más conciencia.

Empresarios europeos... No estoy hablando de París ni Roma, ciudades chiquititas, donde a nadie se le ocurre que puede construir al lado de una villa que puede tener 100 años o 200 años. Llegar de la noche a la mañana y construir un edificio de 20 pisos, de vidrio, no se les ocurre. En cambio acá sí se nos ocurre, donde hay un negocio, "vamos, y si la ley lo permite, lo hacemos". Hay que buscar un entendimiento. En el caso de la Villa San Luis ya tenemos un proceso de trabajo con el municipio de Las Condes para permitir que los intereses opuestos lleguen a una misma mesa.

¿Existe alguna posible solución?

La respuesta es una sola: planificación. Es ordenamiento territorial, es ponerse de acuerdo entre estos distintos intereses públicos y privados y de la sociedad civil respecto de qué quiero proteger y dónde quiero construir la ciudad. Lo que pasa es que hoy hay un total desequilibrio de estas fuerzas, donde el dinero es potente y la voracidad del mercado inmobiliario en la ciudad, por necesidades de compra, es gigantesca. Ahí es donde se produce el conflicto.

¿Pasa lo mismo con el Estado?

Nosotros también fiscalizamos al propio Estado. Si no, pregúntele al MOP, cuando les decimos que hay que aplicar la Ley de Bases del Medio Ambiente, o decimos "las compensaciones y las mitigaciones son estas". A casi nadie le gusta ser regulado o ser pauteado. Pero todos tienen que entender que en el siglo XXI la naturaleza y el patrimonio cultural son valores que tienen que ser incorporados a los proyectos de construcción.