Anuncian licitación por $16 mil millones para control electrónico de condenados

La aplicación de la nueva ley de penas sustitutivas que incorpora el monitoreo de condenados por medio de brazaletes electrónicos entró en fase decisiva.

La ministra de Justicia subrogrante, Patricia Pérez, anunció ayer que la Contraloría está analizando las bases de la licitación internacional por un monto total de $ 16 mil millones para la adquisición de los sistemas y dispositivos de monitoreo a distancia.

Entre estos elementos están los brazaletes y tobilleras que serán colocados en casos de condenados por delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

Esto servirá para que sus movimientos sean seguidos por GPS y así evitar que estén en un radio cercano al de sus víctimas.

Ellas también llevarán un dispositivo, con el cual podrán dar aviso en caso de que su agresor se aproxime.

En casos de condenados a penas de libertad vigilada y reclusión nocturna, se fiscalizará, por medio del brazalete, que cumpla con su reclusión en el lugar indicado por el tribunal.

En caso de que el condenado quiera romper el brazalete o tobillera, ésta dará aviso a la policía por medio de una señal.

Según estimaciones de Justicia, en el mes de mayo, el primer año de funcionamiento de la nueva ley, se implementará este sistema para los condenados a penas de reclusión parcial y de libertad vigilada, cuyas condenas sean de cuatro años a cinco años. El segundo año se aplicará para condenados a libertad vigilada de 541 días a cuatro años.

"El informe financiero es cercano a los 28 mil millones de pesos y de esos, cerca de 16 mil millones se utilizarán en tecnología. Corresponde que Gendarmería efectúe la liciteción. Lo más novedoso de este sistema es que el modelo de intervención es distinto, pues consiste en un plan para cada condenado, llamado plan de intervención individual", dijo la ministra Pérez.

En total, este plan reforzará también el funcionamiento de los delegados de libertad vigilada y de trabajos comunitarios.

Tras la cuenta pública de Gendarmería (ver nota secundaria), el director de la institución, Luis Masferrer, explicó que este plan alternativo a la cárcel tiene contemplado la contratación de 600 nuevos funcionarios en la institución.

"Estos nuevos funcionarios serán técnicos, administrativos y profesionales. Estamos incorporando tecnología de control telemático, y eso debe ocurrir antes de 18 meses", dijo Masferrer.

Reinserción
Según la ministra Pérez, otra de las mejoras que traerá este nuevo sistema de cumplimiento de penas alternativas será la disminución de la reincidencia de los condenados.

"Todo este plan es un modelo distinto, porque se trabaja de forma individual con los condenados. Eso significa que si requiere atención de droga (rehabilitación), se hará el tratamiento. Los delegados de libertad vigilada pasen de ser agentes de control a agentes de cambio; es decir, que acompañen el proceso para evitar que reincidan".

Agregó que "de acuerdo a las cifras que tene- mos, cuando se aplica este modelo se obtiene un 30% de reducción de la reincidencia".