Bachelet afloja el acelerador

La situación es peor de lo que se había previsto, informó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a la Presidenta Michelle Bachelet cuando ambos se reunieron en La Moneda el 21 de agosto para analizar la desaceleración económica que afecta al país.

Sólo dos semanas antes, el Banco Central había dado a conocer el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio. La cifra de 0,8% estaba muy por debajo del 2% de expansión que habían proyectado para el mercado ese mes y lo situaba como el más bajo desde 2010. El indicador, aseguraron en Palacio, marcó un punto de inflexión para el gobierno y obligó a Arenas a sincerar ante la Mandataria una fuerte baja en las expectativas para este año.

Las alarmas se encendieron en La Moneda y obligó a las autoridades a dar curso inmediato a un plan de reactivación para el que se barajan otras fechas -como enero de 2015- para su estreno. Bachelet dio instrucciones expresas a sus colaboradores y a los dirigentes de la Nueva Mayoría de que no se hablara de "crisis" y optó por blindar al jefe de las finanzas frente a las turbulencias, arriesgando una mayor cuota de su capital político, tal como ya lo había hecho poco tiempo antes con su ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para sacar adelante la reforma educacional.

En el oficialismo la decisión no sorprendió. Junto al titular de Interior, Rodrigo Peñailillo, Arenas es considerado el secretario de Estado más cercano a la Presidenta y pieza clave en la apuesta por el recambio de figuras de la Nueva Mayoría que Bachelet se ha empeñado en impulsar en su segundo mandato.

Aunque altas fuentes de La Moneda admiten que la imagen de Arenas frente al empresariado está deteriorada -especialmente tras la tramitación de la reforma tributaria- y que el titular de Hacienda enfrenta un "problema de credibilidad" que se debe revertir, también aseguran que la Mandataria está empeñada en blindar a su jefe económico.

Así, pese a que el débil crecimiento se está convirtiendo en un flanco político para su gobierno, Bachelet personalmente ha solicitado a parlamentarios que ayuden a Arenas y -en un gesto inédito- encomendó al ministro de Energía, Máximo Pacheco, al de Agricultura, Carlos Furche y al de Economía, Luis Felipe Céspedes, quienes gozan de mejor empatía con el sector privado, que ejerzan más vocerías en temas económicos.

La propia Presidenta, además, ha intensificado sus señales al empresariado, se ha preocupado de incluir en sus giras a representantes del mundo privado para poder conversar con ellos y pidió a Peñailillo reunirse con líderes de ese sector como el secretario general de la Papelera (CMPC), Gonzalo García, Eliodoro Matte y Roberto Angelini, cabeza de dos de los principales grupos económicos chilenos. Y en los últimos días, Peñaillillo, además, ha conversado con Andrés Santa Cruz y Fernando Alvear, presidente y secretario de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Arenas, sin embargo, sigue siendo el vínculo principal entre el gobierno y el empresariado.

El mensaje del gobierno al sector privado -según señalaron altas fuentes de La Moneda- ha apuntado a reforzar la convicción oficialista de que las brechas de desigualdad en Chile constituyen el principal factor de desestabilización para el país, por lo que deben ser abordadas.

Un mensaje que -de acuerdo con las mismas fuentes- va en la línea de que se insistirá en el programa que acompañó el triunfo de Bachelet.

El escenario económico supuso -en todo caso- un vuelco en la agenda de La Moneda. Así, el sexto consejo de gabinete de la Mandataria desde que desembarcó en el gobierno estuvo dedicado a abordar el panorama de las finanzas internas y las medidas que se tomaran para intentar mejorarlo.

Una de las primeras advertencias de Bachelet apuntó a la ejecución presupuestaria de sus ministros. "No hay tiempo que perder" los apremió la Jefa de Estado, amenazándolos, incluso, con quitarles de las partidas del 2015 el dinero que no fuera empleado durante el presente año.

Para entonces la ejecución presupuestaria a nivel central bordeaba el 53,6% y la inversión pública estaba en cerca del 48%. Pero había algunos ministerios por debajo de ese promedio, como Salud, Vivienda, Transportes, Educación y MOP.

A esta última cartera -clave en el rol articulador entre los sectores público y privado- y liderada por Alberto Undurraga (DC) se solicitó asumir un rol protagónico en la nueva agenda del gobierno. Desde fines de agosto a la fecha, Undurraga se ha juntado con representantes de la Sofofa, de la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Asociación de Concesionarios (Copsa), buscando fortalecer las inversiones público-privadas.

PRESION DEL GABINETE

La coincidencia del frenazo económico con los seis meses de gestión del gabinete generó un escenario complejo para Bachelet, en especial cuando también está condimentado por la baja en el respaldo a las reformas.

Las presiones para el recambio del equipo ministerial -provenientes del propio oficialismo- se han agudizado en la última semana y tienen como principal foco a Arenas.

En algunos sectores de la Nueva Mayoría y por cierto en la oposición y el empresariado se ha instalado la idea de que la remoción del jefe del equipo económico -a quien no pocos responsabilizan de la falta de anticipación frente a la desaceleración y de las tensiones que se han desatado con el sector privado- serviría para reforzar la decisión de tender puentes en estos momentos más complejos.

La propia Mandataria tomó nota pública de los movimientos por un ajuste ministerial el viernes 5. Bachelet afirmó que "agradezco este tipo de mensajes, pero son decisiones que toma la Presidenta". Aún así, debió admitir que "siempre estoy evaluando la gestión".

En el círculo de la Jefa de Estado afirman que Arenas ha pagado costos al encabezar la reforma tributaria, pero en sectores oficialistas ya apuntan directamente a su falta de tonelaje político.

"El ministro llegó con una buena reforma, potente, pensando que era viable. Llegó a decir que el corazón de la reforma no se toca y luego se dio cuenta que el Chile real no es el del mundo académico y el de los expertos", dice el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda, antes de rematar que "al ministro Arenas le faltó experiencia política".

A cuestionamientos como ese se suman otros como el del presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien asegura que no se visualizó a tiempo la magnitud de la desaceleración.

"La cifra que entregó el Banco Central fue más baja que la estimada por el mercado, creo que todavía nos quedan trimestres en que vamos a ir a la baja, seguramente a comienzos del próximo año la economía comenzará a repuntar", señaló por su parte el senador DC Andrés Zaldívar.

El viernes, en todo caso, trajo buenas noticias para La Moneda. Ese día se dio a conocer el Imacec de julio que pese a que registró un crecimiento de 0,9%, la cifra se ubicó sobre las expectativas del mercado que había apostado por un alza de 0,2% o negativo. "Se deja de lado aquellas estimaciones pesimistas", sostuvo el jefe del equipo económico.

No sólo Arenas, en todo caso, concentra las críticas por el desempeño del gabinete. A él se suman aquellos ministros a quienes se les enrostra no sólo falta de experiencia política, sino que también serios problemas de gestión.

RUMBO DE LA AGENDA

Otro factor que complica al oficialismo y La Moneda es el impacto que tendrá el escenario económico en la agenda de reformas. En amplios sectores -tanto de gobierno como de oposición- se iniciaron disputas ante una eventual alteración de los ritmos de dos iniciativas pendientes: la laboral y la constitucional.

Existe coincidencia en que ambas reformas generan un debate respecto al escenario económico general. La primera, por su impacto en las negociaciones colectivas -se promoverá el derecho a huelga sin reemplazo de trabajadores y el fortalecimiento de los sindicatos- y la segunda porque alterará las reglas del juego.

Los distintos diagnósticos respecto al programa ya comenzaron a generar sus primeras fisuras al interior del comité político.

Participantes de esa instancia señalaron que el lunes 1, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, insistió en la necesidad de que el gobierno cumpla la promesa que le hizo a la CUT, cuando se negoció el reajuste del salario mínimo, de que enviaría antes de fines de este año las reformas laborales que están pendientes.

"Soy un convencido de que sacar adelante las reformas laborales, las que fueron además consensuadas en una mesa de trabajo triestamental (gobierno-CUT-empresarios) son beneficiosas para un mejor clima nacional", señala Andrade.

En el gobierno, en tanto, aseguraron que se está evaluando el momento preciso para el envío de la iniciativa y que el plazo sería octubre.

"Lo peor que le puede ocurrir a un país es que en un escenario como éste se paralice y no siga con la agenda que se había propuesto. Eso genera más incertidumbre que abordar los temas y los debates tal cual como estaban establecidos en los cronogramas con las organizaciones y con el resto de los actores", afirmó, por su parte, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PC), quien ha defendido al gobierno de Bachelet, pero que ya enfrenta críticas en la multisindical por esta postura.

En la vereda opuesta, el timonel DC, senador Ignacio Walker, ha impulsado la idea de una agenda pro crecimiento. "La decisión política debe ser de que aquí en adelante la prioridad del gobierno es la economía. Nada más", enfatizó al ser consultado sobre el tema. "Un gobierno de centroizquierda que quiere crecer con equidad en un momento de vacas flacas, tiene que comprometerse con una agenda pro crecimiento, y eso debe ser lo que ordene nuestra agenda política", remató.

No pocos interpretan la nueva embestida del senador DC como un intento que podría entusiasmar a algunos sectores a postergar reformas anunciadas. O -en su defecto- a reinstalar en el debate público la búsqueda de acuerdos con la oposición en temas como la reforma educacional.

A seis meses de su desembarco en La Moneda, Bachelet enfrenta un inesperado escenario económico que -ella misma ha señalado- ha incidido en el rechazo creciente a las reformas comprometidas y que le hicieron ganar en 2013 un nuevo mandato en el gobierno.