Banco Mundial detecta complejidades de sistema chileno para implementar gratuidad en ed. superior

A principios del año pasado, las autoridades del Mineduc que asumieron en sus cargos sabían que para cumplir con las promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet debían conformar  grupos de expertos que analizaran las materias y ayudaran a crear la metodología para lograr los objetivos. Uno de ellos era alcanzar la gratuidad hasta el 70% más vulnerable durante este período y, como meta final, alcanzar la gratuidad universal en una posterior administración.

Dicho y hecho.  Los asesores de la cartera llamaron a distintos expertos del mundo universitario y, además, solicitaron asistencia técnica al Banco Mundial (BM), como lo hizo hace algunos años cuando se estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esta vez, su misión era sugerir cómo establecer la gratuidad en la educación superior. Para eso, los asesores del Mineduc recibían feedback constante de cuatro expertos del organismo internacional.

El informe titulado "Hacia un sistema de costeo de la educación terciaria en Chile", al cual tuvo acceso La Tercera, contempló los casos de Australia, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Estados Unidos y México. El documento, de más de 100 páginas, entrega un análisis y recomendaciones para llegar a la meta que se fijó el gobierno y que apunta a "financiar en forma directa a la educación terciaria en el futuro a través de la aplicación de impuestos generales, con el supuesto que las instituciones (…) no podrán cobrar aranceles".

Los expertos del BM describen en forma detallada al sistema y sus distintas falencias, entre ellas, por ejemplo, la variedad de aranceles de referencia, las bajas tasas de titulación y la falta de información fidedigna de parte de los planteles.

COSTEAR DOCENCIA

Para alcanzar la meta, los cuatro expertos del Banco Mundial sugieren que lo primero que se requiere es que La Moneda "defina su presupuesto total para la educación terciaria. Esto se basa  en el supuesto de que el gobierno no desea entrar en un compromiso abierto sin un presupuesto fijo". En este ítem surgen varios problemas, según cita el documento, ya que no existe la información adecuada para determinar, por ejemplo, cuánto gastan los planteles sólo en materia de docencia, independientemente de la investigación.

El informe sugiere que el cambio del sistema de financiamiento debe considerar a todas las instituciones, ya sean universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Asimismo, explica que para lograr la gratuidad se podría considerar que el financiamiento público básico sea calculado en dos partes separadas: criterios de formación e investigación. Aquí advierte que si el ítem de mayor costo es de investigación "es probable que las universidades más establecidas reciban más fondos".

Según el documento, la fijación de financiamiento no puede basarse sólo en el conteo del número de estudiantes y esboza tres opciones que son utilizadas por los países analizados como referencia: el número de titulados, alumnos en jornada completa equivalente (JCE) y el número de créditos estudiados y aprobados. Los expertos advierten que respecto a estos dos últimos puntos no hay registros válidos en el país. "Es deseable en sí mismo (las dos primeras opciones), pero requeriría el desarrollo en Chile de una nueva base común para la recopilación y presentación de datos, dado que el sistema de recopilación de información no permite contar con este dato, ni con los criterios deseables de comparabilidad".

Con esto, el único factor que queda para crear el modelo de financiamiento que recibirá cada plantel de parte del Estado es el del número de titulados, lo cual registra un riesgo, a juicio del organismo, ya que puede "estimular a las instituciones a bajar los estándares y tal vez permitir a los estudiantes graduarse sin alcanzar los niveles requeridos". Según los expertos del BM, utilizar esa medida podría responder a uno de los mayores problemas del sistema: el "excesivo tiempo en promedio que toman los estudiantes para titularse".

El documento advierte que utilizar dicha variable podría provocar un "desincentivo para reclutar estudiantes de sectores desfavorecidos", ya que son los que más se demoran en obtener el título.

Sin embargo, como es el único factor disponible en el país, se recomienda "que en cuanto se cuente con un sistema robusto de datos, la fórmula deba considerar en sustitución el número de estudiantes de jornada completa equivalente o el número de créditos académicos", cita el documento.

Según trascendió, la idea es que exista una fórmula general para calcular el gasto a cubrir por el Estado en las distintas instituciones. Es decir, tendrá el mismo mecanismo, pero con distintas variables de acuerdo a la realidad de cada institución. Entre los aspectos a considerar, el Banco Mundial sugiere agregar un porcentaje general para aquellos recintos de zonas extremas o que reciban a alumnos vulnerables, entre otras.

Como el informe, a lo largo de las más de 100 páginas, advierte sobre la precaria información, explica que una vez que se eche a andar el nuevo sistema, el gobierno "debe poner en marcha sistemas de auditorías de datos "para asegurarse que la información entregada sea fidedigna. Este factor, explica el documento, podría ser decisivo para aquellas instituciones que acepten o no ingresar al nuevo plan de gratuidad.

INVESTIGACIÓN

Con respecto a ítem de financiamiento para el área de investigación, el informe sugiere un mecanismo de financiamiento a través, también, de la subvención básica.

Según el texto, la idea es que se recompense la calidad e  indica que el gobierno podría decidir el monto a destinar a este ítem considerando el índice de financiamiento por publicación académica con revisión de pares y/o egresados de doctorados, por ejemplo. Otro de los puntos, es exigirles a las instituciones que presenten información sobre cuántos trabajos fueron publicados o las subvenciones concursales obtenidas. La sugerencia del Banco Mundial es basada en el modelo noruego.

Dicho sistema, según el informe, tiene riesgos, ya que "podría incentivar a las instituciones a publicar de manera excesiva y prematura".

El informe sugiere, además, que debe haber un ítem extra para financiar la infraestructura y que las instituciones deben ser estimuladas para obtener financiamiento más allá de lo que recibirán de forma basal y, sugiere, por ejemplo, la obtención de recursos vía donaciones o contratos de investigación.