Bulnes expone a partidos proyecto de indultos masivos para enfrentar crisis carcelaria

Ayer en la tarde, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, convocó a dos representantes de la mayoría de los partidos políticos a una reunión en su casa. En la cita también estaba el Vicepresidente, Rodrigo Hinzpeter, y la mayoría de los invitados eran integrantes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras.

El objetivo fue dar a conocer el proyecto de indulto del gobierno, el cual forma parte de las medidas para mitigar la crisis carcelaria y que sería anunciado mañana.

La cita comenzó con un diagnóstico de Bulnes de la compleja situación carcelaria. Explicó también las modificaciones en Gendarmería, luego de que fuera descabezada la plana mayor, y anunció futuros cambios en la institución, pero que se irán implementando gradualmente.

Informó, además, sobre la compra de terrenos para construir cárceles diferenciadas: de alta y otras de baja seguridad, para no mezclar a reos peligrosos con primerizos, como dejó al descubierto el incendio en San Miguel. Finalmente, abordó la propuesta de indultos.

Si bien Bulnes optó por no dar una cifra, las estimaciones sumarían entre 4.000 y 6.000 beneficiados, según algunos legisladores consultados tras el encuentro.

Al explicar el proyecto, el ministro lo dividió en cinco puntos. El primero apunta a modificar un requisito al momento de salir en libertad. Hoy, varios presos deben pagar una multa para salir. Ahora, en cambio, no será necesario contar con el dinero. Esto beneficiaría a cerca de 1.500 personas.

Segundo, las personas que lleven menos de un año presas podrán conmutar sus penas por trabajos.

También se flexibilizará el proceso para acceder a la libertad condicional. Actualmente, es una comisión de jueces la que analiza si otorgar el beneficio, aunque la decisión final está a cargo del seremi de Justicia, el cual acepta sólo un 25% de los casos, según las estadísticas. Ahora, el seremi nombrado por el gobierno no participará.

El cuarto punto beneficiará a los enfermos terminales: saldrán libres quienes vayan a morir en el corto plazo (esto, certificado por el SML). También beneficia a los mayores de 80 años que hayan cumplido 2/3 de su pena y que no hayan sido condenados a cadena perpetua calificada. Esto abre un flanco delicado para el gobierno, ya que podría incluir a condenados por delitos de derechos humanos.

Los condenados a ciertas penas, como reclusión nocturna, y quienes tengan 2/3 de su pena cumplida, con conducta sobresaliente en los últimos tres semestres y que no hayan participado en delitos graves, podrán conmutar sus penas por servicios a la comunidad o por reclusión domiciliaria. Todos los beneficiarios deberán firmar un compromiso de buena conducta. De romperlo, volverán a la cárcel, y con penas mayores.