Cartel del fuego: Conaf envía antecedentes de contratos a Fiscalía Nacional Económica

Tras revelarse la existencia de una investigación judicial en España por presuntos delitos de colusión, cohecho y fraude en contra de las compañías Faasa, Inaer y Martínez Vidau, que operaron en el combate de los incendios de las últimas semanas en el país, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) decidió entregar los antecedentes de los contratos con estas empresas a la Fiscalía Nacional Económica.

"Hemos entregado el conjunto de antecedentes de los contratos que establecimos desde 2010 a 2016 para que la fiscalía determine si hay que realizar alguna acción", señaló Aarón Cavieres, director ejecutivo del organismo, quien añadió que "lo que la justicia de otro país determine, hasta el momento, no es vinculante con la justicia nacional ni significa que una persona o entidad que es investigada en otro país pase a ser proscrita".

Además, a través de un comunicado, Conaf declaró desconocer los antecedentes legales de las firmas, ya que "a la fecha no se ha recibido ningún tipo de comunicación por canales formales que informe los problemas legales en que estarían involucrados algunos proveedores de servicios en materia de incendios forestales en el extranjero".

Según señaló el organismo, de los 33 helicópteros y aviones contratados por la institución, sólo nueve son de las empresas acusadas.

En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación para indagar eventuales delitos en los contratos y nombró a la fiscal Ximena Chong a cargo de la investigación.

Respecto de la situación, parlamentarios hicieron un llamado a investigar el estado de las firmas en Chile. El senador Manuel José Ossandón (Ind.) pidió a la Contraloría General de la República que indague los contratos para determinar por qué se eligió a estas compañías y no a las nacionales, y señaló que "es indignante saber que el Estado de Chile haga licitaciones con empresas que tienen procesos judiciales".

También pidió al director de Conaf, Aarón Cavieres, que "dé un paso al costado al menos mientras esto se investigue o dé una buena explicación de por qué se firman contratos con delincuentes profesionales".

La justicia española además indaga delitos de tráfico de influencias y sobornos, tras descubrirse que las firmas se coludían por millonarias licitaciones en España, Portugal e Italia. En Chile, los contratos que las empresas mantienen con Conaf ascienden a los $ 2 mil millones al año y datan del 2011.

En 2014 una empresa nacional denunció a una de estas firmas por faltas a la ley de libre competencia, pero la causa fue archivada.

La vocera de gobierno, Paula Narváez, señaló que las licitaciones son acordes a lo reglamentado: "El gobierno es el primer interesado en que cualquier situación que no se apegue a la ley sea investigada y sancionada de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico".

En tanto, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) hizo un llamado a "todos los proveedores del mercado" a que cumplan con las exigencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).