CASA 212: Corte Suprema reabre investigación por accidente en Juan Fernández

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación del avión Casa 212 de la Fuerza Aérea que se precipitó en el mar Juan Fernández el 2 de septiembre del 2011, dejando a 21 personas fallecidas.

En fallo unánime el máximo tribunal acogieron los recursos de casación planteados sólo en el aspecto que ordena investigar eventuales delitos de incumplimientos de deberes militares.

La sentencia determina que un ministro no inhabilitado deberá continuar con la investigación que indagó el ministro en visita Juan Cristóbal Mera.

"No obstante apreciarse que existe una investigación rigorosa respecto al cuasidelito de homicidio, del análisis de los recursos, aparece que lo que los reclamantes en definitiva censuran al tribunal de la instancia es haber excluido toda posibilidad de investigar la eventual comisión del delito de incumplimiento de deberes militares y la responsabilidad que se denunciaba respecto de terceros en esos hechos, no incluidos en la tripulación de la nave siniestrada, al negarse reiteradamente a realizar las diligencias de investigación pertinentes para el logro de esas pretensiones" dice el fallo.

Según la resolución, "aparece de manifiesto que la denuncia deducida y las diligencias pedidas por los perjudicados, en el legítimo ejercicio de sus derechos, se extendieron a personas diversas de la Teniente Carolina Andrea Fernández Quinteros (Q.E.P.D.) y del Teniente Juan Pablo Ignacio Mallea Lagos (Q.E.P.D.), respecto de quienes se emitió sobreseimiento definitivo por su muerte, situación que claramente no acontece en relación a aquellos otros imputados, mencionados en los recursos, y respecto de hechos ajenos a la operación de la nave, que no pueden ser comprendidos en la única causal de sobreseimiento que sostiene el fallo, pues para ellos es improcedente".

En marzo de 2013, los cinco ministros de la Corte Marcial habían confirmado el sobreseimiento definitivo de la causa iniciada tras el accidente, y en junio del mismo año, la fiscal judicial, Mónica Maldonado, aconsejó ratificar la determinación de la Corte Marcial.