Caso Estévez replica polémicas de mesa PS con ex dirigentes que actúan en sector privado

Un complejo escenario podría enfrentar el ex ministro socialista de Obras Públicas y actual presidente de Cruzados, Jaime Estévez, según vaticinan en el PS, luego de que la directiva de la tienda pidiera al tribunal supremo pronunciarse por la decisión de la Universidad Católica de restringir la venta de entradas a los hinchas de Colo Colo, para el partido del domingo pasado.

En la colectividad, encabezada por Osvaldo Andrade, señalaron que la medida adoptada por el club deportivo resultó discriminatoria y transgredió el principio de igualdad ante la ley, contradiciendo los ideales del partido.

El tribunal supremo del PS sesionó anoche por dos horas y junto con abrir una causa contra Estévez, le fijó un plazo de 10 días para que entregue sus descargos por escrito.

El lunes, tras enterarse de la decisión de la directiva PS de derivar su caso a la instancia disciplinaria, Estévez señaló a La Tercera que "existe el mito de que por ser presidente de Cruzados uno defiende a los ricos y eso no es así".

La decisión del PS de pasar a una reconocida figura de sus filas al tribunal supremo advirtiendo la vulneración de los principios del partido, no es nueva.

En 2004, la mesa, entonces presidida por Gonzalo Martner, amenazó con pedir un pronunciamiento por la actuación del entonces militante y gerente del Consejo Minero, Eduardo Loyola, por el rechazo de la entidad gremial a la implementación de un royalty promovido por el gobierno de Ricardo Lagos.

En ese mismo debate, también se acusó al ex ministro Enrique Correa de hacer lobby en favor de las compañías mineras. Correa optó por renunciar al partido antes de que su caso se ventilara en el TS y años después volvió a ingresar a la colectividad.

Ayer se comentó en el PS que, aunque en el requerimiento presentado contra Estévez no se solicitó una sanción específica, todo apuntaría a la suspensión de su militancia.

El timonel del PS justificó la determinación de pasar a Estévez a la instancia disciplinaria de la colectividad, señalando que tras la determinación de Cruzados hubo "un claro sesgo clasista".

"Los afectados eran del mundo popular, del cual asumimos una representación inequívoca, y toda esta situación partió de la iniciativa de un club presidido por un militante socialista", apuntó Andrade.