Cataluña desafía al gobierno español al convocar a polémica consulta soberanista

En las  puertas del Palacio de la Generalitat, en Barcelona, cientos de personas se congregaron ayer a celebrar el paso decisivo que el gobierno regional se dio hacia la realización de un referendo por la autodeterminación, considerado inconstitucional por el Ejecutivo español que lidera Mariano Rajoy. Rodeado de autoridades locales y líderes de los partidos políticos afines a la independencia -y en un abierto desafío al gobierno con sede en Madrid-, el presidente de la Generalitat (gobierno de Cataluña), Artur Mas, firmó ayer el decreto 129/2014, que pone el acelerador al polémico proceso para consultar a los catalanes por su futuro político, fechado para el próximo 9 de noviembre.

Poco después de finalizar un acto que estuvo lleno de solemnidad, Mas se dirigió a los medios -en catalán, español e inglés- para enfatizar que el de ayer sería "un día que recordaremos para siempre", al tiempo que recordó las "grandes movilizaciones y muchos meses de trabajo" que han impulsado este proyecto, que también ha sido cuestionado por la Unión Europea (UE).

El proyecto de Mas -el primer presidente de la comunidad autónoma que hace efectivo un llamado formal a votar por la independencia catalana- se inició el 12 de diciembre de 2013, cuando anunció públicamente el día de realización de la consulta y las preguntas del referéndum. En concreto, el 9 de noviembre los catalanes tendrán que responder a las preguntas: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en caso de que la respuesta sea afirmativa: "¿Quiere que ese Estado sea independiente?". En las afueras de la sede la Generalitat se instaló una pantalla gigante con la cuenta regresiva de los 41 días restantes hasta la consulta, acompañada de mensajes como "Construimos un país nuevo" o "Ahora es la hora".

"Firmo este decreto para que los catalanes puedan opinar sobre su futuro. Es una ley constitucional y pedimos que sea respetada", declaró Mas minutos después a los periodistas. Sin embargo, su petición fue obviada por el gobierno español. Desde China, Mariano Rajoy le advirtió ayer a Mas de haberse envuelto en un "lío".

En esa línea, esta tarde se reunirá la Comisión Permanente del Consejo de Estado español -máximo órgano consultivo del gobierno- para dar visto bueno al dictamen de los dos recursos que el Ejecutivo espera interponer mañana ante el Tribunal Constitucional (TC). Previamente, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, había insistido en que la consulta "no se va a celebrar, porque es inconstitucional", y enfatizó que "fractura a la sociedad catalana y la aleja de Europa".

Según lo previsto, Rajoy pedirá que se vete la convocatoria, así como la ley de consultas que hace una semana aprobó el Parlamento catalán para amparar legalmente la consulta. Si todo resulta en favor de la petición del gobierno español, la convocatoria de Mas quedaría suspendida automáticamente, según la agencia Dpa.

El líder catalán había dicho recientemente que el referendo sólo se celebraría con "plenas garantías democráticas", recuerda Dpa. Por lo tanto, ante un eventual veto del tribunal español, Mas tendría que enfrentarse a los grupos secesionistas y a sus propios socios parlamentarios que han incitado a la desobediencia civil en caso de que  el TC frene el referendo.