Centroamérica quiere unirse contra las maras

El gobierno de El Salvador promueve la homologación de la ley de proscripción de las pandillas en el resto del llamado ''Triángulo del Norte'', conformado también por Guatemala y Honduras.




La propuesta del presidente Mauricio Funes encontró eco en su homólogo guatemalteco, Álvaro Colom, quien abogó por regionalizar la proscripción de las maras en esta región del istmo centroamericano.

Colom saludó el espíritu de la ley que sancionó Funes en El Salvador hace una semana, a pesar del paro al transporte público que ordenaron las dos principales pandillas del país.

El presidente salvadoreño aboga desde junio pasado por que Honduras y Guatemala unan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y el recrudecimiento de la violencia protagonizada por las maras y los traficantes de drogas.

"Todo parece indicar que los gobiernos de la región han caído en la cuenta que es un fenómeno que afecta a todos los países del área y que se necesita de acciones coordinadas para combatir un flagelo que es común a Centroamérica", le dijo a BBC Mundo David Rivas, secretario de comunicaciones de la presidencia salvadoreña.

¿ESTRATEGIA REGIONAL?
Colom hizo notar que el interés en los países de la región por combatir a las pandillas no es nuevo y tampoco ha sido efectivo, como en el caso de Honduras, donde la violencia persiste pese a contar con una Ley Antimaras desde 2003.

"Cuando Honduras implementó su ley, tuvimos problemas de venida de maras de allá", afirmó el mandatario, que dejó entrever el riesgo de la migración de pandilleros de un país a otro.

Henri Fino, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), advirtió precisamente sobre este fenómeno.

"Los países no pueden combatir a las pandillas aisladamente, porque en un momento determinado podría haber sólo un traslado del problema, de aquí a Honduras y de ahí a Guatemala", le comentó Fino a BBC Mundo.

El abogado consideró que el principio de "regionalización" del combate a las pandillas y al crimen organizado es un buen comienzo, aunque no es suficiente.

Según Fino, además de la homologación de leyes, también es necesario elaborar planes conjuntos de seguridad y combate de la delincuencia, así como la definición de mecanismos de intercambio de información.

Por su parte Marcela Smutt, coordinadora del área de gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés), le dijo a BBC Mundo: "Centroamérica requiere medidas articuladas y el diseño de estrategias que permitan enfrentar el problema de una manera regional".

APOYO POLITICO
Desde lel gobierno, las voces son optimistas tras las gestiones hechas por el jefe de Estado salvadoreño en los países vecinos.

"La propuesta del presidente Funes está teniendo eco tanto en Centroamérica como en México, donde ya se avanzó en la creación de una comisión al más alto nivel para trabajar de forma conjunta en el combate al crimen organizado", afiirmó Rivas.

Funes elevó el tema del combate regional a las pandillas en distintos foros llevados a cabo en México y Estados Unidos, donde pidió el acompañamiento de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

"Nadie está fuera de esta buena batalla que libramos mexicanos y centroamericanos contra el crimen organizado, y por la paz y la seguridad de 150 millones de personas que habitan esta zona del continente", afirmó Funes durante el Foro de las Américas, en la ciudad de Miami.

En la víspera de la conmemoración de la independencia centroamericana, el 15 de septiembre, y reunidos por invitación del mandatario mexicano, Felipe Calderón, para celebrar el Bicentenario de la emancipación de México, los presidente del "Triángulo Norte" coincidieron con el anfitrión en trabajar juntos para afrontar "desafíos globales" como "el crimen organizado internacional, que amenaza la paz y la democracia de nuestros países".

PULSEADA
Hace una semana, presuntos pandilleros asesinaron a 17 obreros en un taller de zapatos en la ciudad norteña de San Pedro Sula, 250 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Mientras que El Salvador sufrió pérdidas por US$68 millones durante el paro de autobuses declarado por las maras para impedir que el presidente Funes sancionara la ley que las criminaliza.

Según la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), hay cerca de 60.000 pandilleros en el istmo, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, a quienes responsabiliza de la actividad delictiva en la región, como tráfico de armas, narcomenudeo (tráfico de drogas en pequeña escala), extorsiones y asesinatos.

Las autoridades internacionales han advertido sobre la infiltración de carteles mexicanos en estas estructuras.

Para el magistrado salvadoreño Carlos Sánchez, "las maras pasaron de ser grupos que se dedicaban a una violencia de baja intensidad, de ser grupos excluidos socialmente, a constituirse en una parte importante del crimen organizado local".

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