Cifras del caso Sename: 251 informes, 1.000 entrevistas y 13 formalizados

El comisario Francisco Ceballos, de la PDI, ha dedicado 23 años a investigar diferentes casos, pero reconoce que ninguno le había significado un despliegue como el de las muertes de los niños y adolescentes en el Servicio Nacional de Menores (Sename).

El policía argumenta que no solo por la carga emocional que ha representado, para él y su equipo, indagar esos terribles fallecimientos, sino que también por la cantidad de diligencias. En los 14 meses que llevan trabajando (comenzaron en agosto de 2016) han elaborado 251 informes y realizado más de mil entrevistas.

Desde que Ceballos lidera la Fuerza de Tarea que investiga los decesos, bajo la instrucción del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, han ingresado dos veces a todos los centros dependientes del Sename y a los de los organismos colaboradores de la entidad, desde Arica a Punta Arenas, incluido el de Isla de Pascua.

"También realizamos entradas y registros en todas las direcciones regionales del Sename, además de la oficina central en Santiago, donde incautamos algunos computadores", explica.

Estación Central

Todo comenzó en abril del año pasado, luego de la muerte de Lissette en el Cread Galvarino, ubicado en Estación Central. "Solo para esclarecer ese caso revisamos más de 300 mil documentos, entre antecedentes familiares y fichas médicas", dice Ceballos.

Fue la punta del iceberg, pues luego debió recorrer Chile realizando interrogatorios y peritajes junto a los diez profesionales con los que trabaja, y que pertenecen principalmente al área de la salud. "En esta Fuerza de Tarea tenemos hasta kinesiólogos y una matrona", señala el comisario, quien es sicólogo.

El primer desafío, apunta, fue obtener el número exacto de menores fallecidos durante los últimos 10 años. Ello porque, según relata, desde el Sename primero les dijeron que habían menos de 180 casos, luego les hablaron de 200 y finalmente de 1.314. "Como no tenían una base de datos, debieron hacer un arqueo con el Registro Civil para saber cuántos de los menores egresados habían fallecido", agrega.

Una vez que tuvieron la información precisa, revisaron caso por caso. "Después de aplicar filtros, establecimos que hubo 258 muertes donde no estaban claras las razones. Algunas de ellas, de hecho, fueron suicidios y muchas no tuvieron autopsia", sostiene.

El diputado PPD Ramón Farías, presidente de la comisión investigadora Sename II, dijo que "me parece una muy buena noticia que el fiscal Emilfork haya avanzado lo que no se avanzó en 10 años, con al menos 13 formalizados. El punto es que podamos avanzar en esas formalizaciones y llegar a la verdad, para saber efectivamente cuáles son las responsabilidades en todos estos casos".

La diputada RN Marcela Sabat indicó que "el Ministerio Público está llevando adelante una investigación muy exhaustiva, de un tema que posee la mayor importancia, y esperamos que finalmente se condene a quienes han tenido participación criminal en los hechos".

A petición de la fiscalía, la PDI ha efectuado más de 100 peritajes. "Desde trabajos fotográficos y planimétricos hasta electroingeniería, para periciar algunos celulares", se informó.

A la fecha, el Ministerio Público ha formalizado a 13 personas y se acercan dos formalizaciones más, según confirmaron en la fiscalía.

"Creemos que existen antecedentes para que el fiscal Emilfork presente cargos contra funcionarios de centros de Antofagasta, Rancagua y Coyhaique, pero obviamente todo dependerá de él", indicó el comisario Ceballos.

Precisamente el viernes pasado, el equipo de persecutores se reunió en Puerto Montt, Región de Los Lagos, para analizar todos los insumos entregados por la PDI, revisar las causas y definir nuevas diligencias.

El policía dice que lo más difícil ha sido establecer la responsabilidad indirecta de los guardadores de los menores fallecidos. Ello, sin contar con que han tenido casos en los cuales el centro en que murió alguno de los menores ya no existe. "Estamos en la mitad del camino en términos investigativos", reflexiona Ceballos.

Agrega que "de todos modos, aún no estamos en condiciones de señalar cuántos decesos corresponden a negligencias de los funcionarios que estaban a cargo de velar por ellos".

Además, a raíz de la demora del Servicio Médico Legal (SML) en la entrega de los informes, el fiscal Emilfork decidió trabajar con el Departamento de Medicina Criminalística de la PDI.

"Esperamos avanzar con más rapidez de ahora en adelante", dice el PDI.