Comisión Europea pide que países investiguen afirmaciones sobre cárceles de CIA

El portavoz comunitario dijo que las investigaciones se deben realizar "lo antes posible", para establecer responsabilidades.




La Comisión Europea (CE) reiteró hoy la importancia de que los países de la Unión Europea (UE) investiguen de forma imparcial y transparente las alegaciones que sitúan en Europa supuestas prisiones secretas construidas por la CIA dentro de la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo.

El periódico "International Herald Tribune" publicó ayer declaraciones de un antiguo jefe de suministros en Europa de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), Kyle Foggo, quien afirmó que construyó en 2003 prisiones secretas en varios países, entre ellos Rumanía.

"La Comisión Europea ha subrayado repetidamente la necesidad de que los Estados miembros emprendan investigaciones en profundidad, imparciales e independientes para establecer la verdad, sea cual sea la verdad, en relación con alegaciones como éstas", señaló en una conferencia de prensa el portavoz comunitario Dennis Abbott, preguntado por el citado artículo.

La Comisión cree que esas investigaciones deberían llevarse a cabo "en su totalidad y lo antes posible" en los países comunitarios concernidos, principalmente a fin de establecer responsabilidades y para que las supuestas víctimas pudiesen obtener compensaciones por los daños, apuntó Abbott.

También recalcó que las actividades antiterroristas deben ser conducidas con total respeto a los derechos fundamentales y el principio del estado de derecho, y con transparencia.

"Cuanto más firmemente se garantice el respeto a los derechos fundamentales, tendremos más posibilidades de que nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo sean eficaces", concluyó el portavoz.

Según Foggo, otra de las cárceles secretas fue construida en un lugar remoto de Marruecos, aunque aparentemente no llegó a usarse nunca, y una más podría haber sido levantada en un país no determinado del este de Europa.

Esos centros eran empleados para internar e interrogar a espaldas de las autoridades judiciales a detenidos dentro de la guerra que EEUU lanzó contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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