Detienen a ocho personas vinculadas al colectivo de presos de ETA en España

El ministro del Interior Fernandez Díaz insiste en que "el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni va a negociar con ETA". Además sostiene que la operación no ha terminado y que seguirán trabajando hasta la definitiva solución de la organización vasca.




Un total de ocho personas fueron detenidas hoy en el norte de España en una operación policial contra miembros del grupo de enlace con el colectivo de presos de la organización terrorista ETA (EPPK). 

La operación llevada a cabo por la Guardia Civil se ha iniciado en un despacho de abogados de la ciudad de Bilbao, en el que trabaja la abogada de presos de ETA, Arantza Zulueta, y donde el grupo de interlocutores con el EPPK tenía previsto mantener una reunión.

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró que estas detenciones suponen "un paso más en la batalla" del Gobierno español para la "definitiva disolución" de la organización terrorista vasca, con la que "no se negocia ni se va a negociar". 

"En estos momentos se está desarrollando esa operación y ya ha significado la detención de ocho personas en Bilbao, Navarra y Guipúzcoa, que integran el grupo de coordinación que es el tentáculo que permite a ETA controlar al grupo de presos de la organización que están cumpliendo condena en las prisiones", explicó el ministro.

Los arrestados forman parte del grupo que se constituyó en julio de 2012 para ser interlocutores con los presos de ETA y propiciar contactos con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los presos de la banda terrorista.

En declaraciones a los medios en Barcelona, Fernández Díaz insistió en que el Ejecutivo "seguirá trabajando en el marco del Estado de derecho con toda la fuerza de la ley", y confirmó que, con esta operación, que "aún sigue abierta", queda desarticulado "el tentáculo que permitía a ETA controlar al grupo de presos que están cumpliendo condena". 

Según el ministro, mediante el denominado grupo KT, ahora desarticulado, ETA podía "controlar a sus presos, someterlos a su tiranía e impedir que, en la medida en que lo consideraran oportuno y en el marco de la legislación, el código penal y la ley penitenciaria, se pudieran acoger a las medidas que contempla en orden a permisos, beneficios penitenciarios o reinserción individual".

Además de Zulueta, fueron detenidos Jon Enparantza, Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y el octavo se trataría de Asier Aranguren, según las fuentes.

Los nombres de Zulueta y Sagarminaga aparecían como organizadoras del acto que el pasado sábado tuvo lugar en Durango, en la provincia vasca de Vizcaya, en el que comparecieron públicamente más de 60 miembros de ETA excarcelados por la derogación de la "doctrina Parot" y representantes de los mediadores con los presos de la banda.

Más de 60 miembros de la banda terrorista ETA fueron puestos en libertad en los últimos meses a raíz del dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la llamada "doctrina Parot", que se aplicaba en España para alargar la estancia en la cárcel de condenados por delitos graves.

Una media hora antes de la celebración del acto de excarcelados de ETA, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz emitió un auto en respuesta a la petición de asociaciones de víctimas del terrorismo que pedían que prohibiera dicha reunión.

El magistrado declinó satisfacer esa petición y explicó que no prohibir el acto "no significa que el juez 'consienta', 'autorice' o 'permita' la reunión", ya que la Constitución establece que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización previa.

En España, la pena máxima contemplada por la ley es de 30 años de prisión, que puede reducirse con beneficios carcelarios.

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