Escándalos e inequidad marcan elección de nuevo presidente en Costa Rica

El eventual ganador se verá enfrentado al alza de la deuda pública, altos salarios en el sector público y el gasto obligatorio en educación en un país con baja recaudación tributaria.




El candidato oficialista a la presidencia de Costa Rica busca el domingo vencer en las urnas a un rival de izquierda que se ha visto impulsado por el descontento de los votantes ante los escándalos de corrupción y la creciente desigualdad en la segunda economía de Centroamérica.

El ex alcalde de San José, Johnny Araya, quien encabezaba las encuestas previas con una campaña centrada en promesas de reducir la pobreza, ha buscado distanciarse del Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, plagado de escándalos.

También ha intentado calificar de radicales a sus adversarios, y el domingo insistió en que su partido, Liberación Nacional, es la opción "más segura" para la nación cafetera.

"El partido (...) es la opción más segura, más responsable", dijo al pasar por un centro electoral. "Lo mejor que le puede pasar a Costa Rica es que nosotros ganemos las elecciones".

La molestia de los votantes con la corrupción ha impulsado la candidatura del joven parlamentario de izquierda José María Villalta, quien también ha prometido atacar la inequidad.

Frente a la escuela donde Villalta tenía previsto votar, partidarios vestidos de amarillo gritaban "Villalta, amigo, el pueblo está contigo", así como "se acabó la corrupción".

Si ninguno de los 13 candidatos presidenciales logra un porcentaje de más del 40 por ciento de los sufragios, como se espera, los comicios irían a una segunda vuelta en abril, por segunda vez en la historia del país.

El eventual triunfador tendrá que enfrentar una creciente deuda pública que supera la mitad del Producto Interno Bruto (PIB). Altos salarios en el sector público y el gasto obligatorio en educación son una carga pesada en un país con baja recaudación tributaria.

Moody's Investor Service, que mantiene a Costa Rica un grado por encima del grado especulativo, cambió a negativa su perspectiva para la calificación de la deuda soberana del país en septiembre, en medio de preocupaciones fiscales.

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