Familiares de víctimas de incendio en cárcel de Honduras piden justicia

Familiares de las 361 personas que murieron en un incendio en la Granja Penal de Comayagua, en Honduras, en febrero pasado, exigieron hoy justicia y denunciaron la "falta de voluntad" del Gobierno para esclarecer el hecho.

"Denunciamos que hasta la fecha no se evidencian avances significativos en el proceso de investigación sobre las causas y responsables de esta tragedia", dijo Gloria Redondo, presidenta del Comité de Familiares y Víctimas del Centro Penal de Comayagua (Cofavi).

En el incendio de la cárcel de Comayagua, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, que se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasado, murieron 361 personas, incluida una mujer que visitaba a su marido preso.

En una rueda de prensa, Redondo junto a otros familiares exigió al Gobierno que preside Porfirio Lobo "justicia y que se esclarezca la causa de muerte" de las 361 víctimas del incendio, que según expertos de Estados Unidos fue "accidental".

Redondo comentó que están "preocupados por la falta de avances en la investigación por parte del Ministerio Público porque eso no ha permitido comprobar científicamente las hipótesis que maneja el Comité".

Según el Comité de Familiares, los presos no murieron a causa del incendio sino "por disparos de armas de fuego".

El portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), Marvin Cruz, dijo a Efe que si los familiares de las víctimas tienen "dudas" sobre la causa de muerte pueden solicitar una exhumación de los cadáveres.

"Los familiares están en su total derecho de pedir bajo las instancias correspondientes una exhumación de los cadáveres para confirmar sus hipótesis", agregó la fuente.

Del total de víctimas 358 han sido identificadas y 357 de ellas entregadas a sus familiares, señaló la misma fuente.

Además, comentó que las autopsias están "refrendadas" por médicos forenses de Chile, El Salvador, España, Guatemala, México y Perú.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, en el que impera el hacinamiento, condiciones deplorables de higiene y la falta de asistencia médica para los reos, alberga a 12.246 personas cuando la capacidad es para unas 8.000.