Filipinas: Cámara baja autoriza el restablecimiento de la pena de muerte

Rodrigo Duterte
Philippine's President Rodrigo Duterte gestures as he answers a question during a press conference at the Malacanang palace in Manila on January 30, 2017. Philippine's President Rodrigo Duterte on January 30, 2017 extended his deadly drug war until th...

La pena capital se reserva, entre otros, para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades y el asesinato cometido bajo la influencia de drogas.




La Cámara de Representantes de Filipinas (cámara baja) aprobó hoy la reinstauración de la pena de muerte en el país para delitos relacionados con drogas, lo que deja en manos del Senado la decisión final sobre el castigo capital.

La medida aprobó con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención el polémico Proyecto de Ley 4727 apoyado por el presidente del país, Rodrigo Duterte, como parte de su política de línea dura contra las drogas.

Filipinas suspendió la pena de muerte en 2006 durante el mandato de Gloria Macapagal Arroyo (2001-10), quien se encuentra en la actualidad entre los principales aliados políticos de Duterte.

El Proyecto de Ley 4727, cuya aprobación en la Cámara de Representantes ha requerido tres sesiones de votación, contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos relacionados con drogas.

La pena capital se reserva, entre otros, para el tráfico de estupefacientes a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, así como para los asesinatos cometidos bajo la influencia de las drogas, convirtiendo el uso de éstas en un agravante.

El presidente filipino prometió durante la campaña electoral que le llevó al cargo el 30 de junio pasado que uno de sus principales objetivos era reimplantar la pena capital para un amplio espectro de crímenes, entre ellos los relacionados con las drogas.

Duterte encabeza una dura campaña contra el tráfico y consumo de estupefacientes que ha causado la muerte de más de 7.000 presuntos traficantes o adictos en los primeros siete meses desde que empezó su mandato.

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