Fiscalía militar investiga millonario fraude en Ejército por facturas adulteradas

Un fraude por más de $ 103 millones, dos funcionarios investigados y actualmente detenidos -uno de los cuales es un alto oficial-, y facturas adulteradas por concepto de reparaciones ficticias de vehículos militares. Estas son algunas de las piezas del rompecabezas que investiga la fiscal militar Paola Jofré, en un millonario delito ocurrido al interior del Ejército.

"En el mes de abril de 2014, y como consecuencia del trabajo fiscalizador de los mecanismos de control institucionales, fueron detectadas irregularidades en el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios", manifestó la institución a La Tercera. Agregó que "esta situación irregular, que involucra a dos integrantes de la institución, fue informada inmediatamente a estamentos superiores".

Primera denuncia

La causa está radicada en la VI Fiscalía Militar y comenzó a ser pesquisada cuando un tesorero del Ejército descubrió  -y alertó- que había irregularidades en algunas facturas, hasta ese minuto, en una cantidad incierta. Esta situación ocurría en la unidad denominada Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).

"Se hizo una denuncia del Ejército, respecto de dos funcionarios públicos que estaban cometiendo fraude en relación con unas platas de la Ley del Cobre", explicó la fiscal militar Paola Jofré.

Se trata de un coronel (identificado con las iniciales  C. M.) y un cabo (J. C. C), quienes habrían actuado en forma coordinada. "Hasta ahora tenemos a esas dos personas, pero seguimos investigando (...). Ellos están confesos de 10 facturas, por las cuales los procesamos", agregó Jofré.

La fiscal militar está trabajando con la Brigada de Delitos  Económicos (Bridec), de la PDI. La causa ya tiene seis tomos. Se han analizado más de mil facturas y se ha tomado declaración a cerca de 50 personas. La documentación, sin embargo, data de 2010 en adelante, por lo que no se descarta que los montos defraudados se incrementen, así como el número de involucrados. Además, la fiscal pidió levantar el secreto bancario de los implicados, para obtener registros de sus cuentas y así detectar depósitos de dinero sospechoso.

En el Ejército se indicó que, conocido el presunto ilícito, fue instruida una Investigación Sumaria Administrativa (ISA). "Uno de los implicados se encuentra en condición de retiro desde el 31 de diciembre de 2014, mientras el otro, debido a que la ISA no ha concluído, y a fin de cumplir con el debido proceso, permanece en servicio activo, pero alejado de sus funciones. Además, ambos se encuentran en prisión preventiva y sometidos a proceso en calidad de autores de delitos de defraudación fiscal cometido por funcionario público y falsedad documentaria por la VI Fiscalía Militar de Santiago", subrayó la institución castrense.

Facturas

El procesamiento de los funcionarios fue por $ 103 millones, pero la indagatoria arroja que el monto podría ser superior. También se investiga la posibilidad de que seis proveedores se hayan prestado para facilitar las  facturas falsas. En la mayoría de los casos se indicaba que correspondían a reparaciones de vehículos militares. Esta arista, por el hecho de ser entes privados, está siendo indagada por la justicia civil. La causa la tiene la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.

En la institución, en tanto, se indicó que "el Ejército expresa su más enérgico rechazo a esta situación y a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente, al tiempo que contravenga los valores institucionales".

Debido a este caso, el Ejército revisó sus procesos internos y adoptó una serie de medidas, como la creación del Departamento de Control y Fiscalización, radicado justamente en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF); la modificación del proceso de adquisiciones y la realización de una auditoria al proceso de adquisiciones, por parte de la Contraloría de la institución.

"Una vez finalizada la investigación interna (ISA), -se añadió- no solo se adoptarán las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes contra quienes resulten responsables, sino que se mantendrá un permanente apoyo a la investigación y al Consejo de Defensa del Estado, que se ha hecho parte en la causa".