Fisco argentino demanda por evasión al ex apoderado de las Madres de la Plaza de Mayo

En Argentina interpusieron una demanda por evasión fiscal al ex apoderado de la organización pro DD.HH., Madres de la Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, investigado por la Justicia por presunto lavado de dinero y defraudación al Estado, informaron hoy fuentes judiciales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos demandó a Schoklender por una deuda superior a los 25.000 dólares después de que se conociera que era propietario de un avión, un yate y autos de lujo, entre otros bienes que no podía justificar con su categoría tributaria.

La causa quedó a cargo del juez Diego García Berro, del fuero penal tributario de Buenos Aires, indicaron las fuentes.

Mientras, el abogado Sergio Heredia denunció a Schoklender y al alcalde de la norteña ciudad argentina de Tartagal, Sergio Leavy, por la firma en 2009 de un convenio para construir 300 casas para los damnificados por un alud, convenio que "nunca se ejecutó".

"Se trata de la primera denuncia que involucra a Schoklender con un funcionario público", afirmó Heredia a la emisora bonaerense Radio 10.  El ex apoderado fue denunciado hace dos semanas por presuntas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos estatales que la Asociación Madres de la Plaza de Mayo recibe para la construcción de viviendas populares.

Este lunes las Madres de Plaza de Mayo solicitaron al juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, ser admitidas como parte querellante, a la vez que denunciaron a Schoklender y a su hermano Pablo, también ex empleado de la institución, por asociación ilícita, administración fraudulenta y falsedad documental.

Aunque Hebe de Bonafini, titular de la entidad humanitaria, ha deslindado toda responsabilidad de su organización en estos hechos y ha tachado a los Schoklender de "estafadores y traidores", referentes de otras agrupaciones humanitarias y políticas han puesto en duda que la dirigente desconociera las maniobras de los hermanos.

Este escándalo, que estalló hace tres semanas, cuando Schoklender renunció a su cargo de apoderado por desacuerdos internos en el manejo de los fondos para la construcción de las viviendas populares, ha puesto en tela de juicio los controles del Estado en la entrega de subsidios a entidades benéficas.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, confirmó que este órgano dependiente del Parlamento va a investigar "toda la ruta" de los alrededor de 765 millones de pesos (185 millones de dólares) que el Estado entregó en los últimos años a las Madres de la Plaza de Mayo para la construcción de miles de viviendas populares a través de su programa Sueños Compartidos.

Los hermanos Schoklender protagonizaron un sonado caso hace 30 años, al ser condenados a cadena perpetua por el crimen de sus padres, aunque en la década de los noventa fueron liberados gracias a una derogada ley que computaba como dobles los años de detención previos a la sentencia.