Gobierno prepara cambios a norma que mandata a Salud acopio de drogas

Radiopatrullas, vehículos del Gope e incluso un helicóptero fueron parte del numeroso contingente que ayer movilizó Carabineros para custodiar el traslado de 1,2 toneladas de droga hasta un centro de acopio de incautaciones, ubicado en Lampa, para su análisis y posterior destrucción.

Los casi siete mil kilos decomisados en los últimos meses por ambas policías han reabierto el debate sobre el destino y resguardo de este tipo de sustancias ilícitas. Eso, porque según la Ley 20.000, en la actualidad es el Ministerio de Salud el organismo responsable de almacenar las drogas en sus instalaciones a lo largo del país, realizar los análisis químicos requeridos y eliminarlas.

Lo ocurrido en 2012 en el Servicio de Salud Metropolitano Central, cuando una funcionaria de la Unidad de Decomiso entregaba droga a un sargento de Carabineros, quien la vendía a un narcotraficante de la población La Legua, fue la primera alerta de que se requerían cambios al modelo de custodia y destrucción, al demostrar las falencias en seguridad del actual sistema. El hecho generó que en el gobierno anterior -con la venia del Minsal- se debatiera liberar a Salud de este proceso. La iniciativa, sin embargo, no se concretó.

El tema ha sido analizado por el Ministerio del Interior, en el marco de los cambios proyectados a la Ley 20.000. En ese contexto, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, respaldó la posición de que la custodia de sustancias ilícitas es ajena al quehacer sanitario de la cartera e implica riesgos para el sector.

"¿De quién es función? Ahí está la discusión que tenemos que resolver, a propósito de que hoy está funcionando esta comisión del Ministerio del Interior, y nos vamos a poner de acuerdo en términos de un proyecto de ley que modifique la Ley 20.000 y le designe a otra entidad la responsabilidad del resguardo y después la destrucción", dijo Verdugo.

La autoridad explicó que este tipo de procedimientos "requiere de un resguardo distinto al que hay hoy. Ha habido dificultades en algunos servicios en términos de las condiciones del almacenaje e, incluso, se ha detectado fraude con algunos funcionarios en años anteriores", dijo Verdugo, quien aclaró que "un servicio de salud debe prestar asistencia sanitaria a la población, no estar al resguardo de droga".

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, manifestó que encargó una propuesta para hacer cambios en la norma. Sin embargo, aclaró que la gestión "se queda en los servicios de salud, pero se perfeccionará la reglamentación, sobre todo por las cantidades (de droga) que están llegando".

Peñailillo dijo que hace un mes participó en una reunión sobre el tema, y comentó que entre las materias que hay que adecuar están los plazos para la entrega y la destrucción de la droga. "Hay mucho que hacer, por ejemplo, regular lo de las 48 horas cuando llega el fin de semana. Los lugares donde se acopia son muy frágiles, requieren normas y medidas de seguridad. Habrá que invertir en equipamiento", explicó, añadiendo que debe existir una mayor coordinación entre los servicios de salud y las policías para prevenir posibles delitos.

En tanto, la jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior, Carolina Garrido, expresó que los decomisos representan un doble desafío para el gobierno. "En concreto, se están analizando, en el marco de la revisión de la Ley 20.000, diversos mecanismos para hacer más eficiente la labor (de acopio y destrucción de la droga). Sin embargo, también estamos examinando otros mecanismos que no necesariamente conlleven una modificación legal", aseguró. Agregó que el ítem se incluirá en el Plan Nacional contra el Narcotráfico, que será presentado el primer semestre del 2015 y que "abordará claramente el acopio y destrucción de drogas, fijando los lineamientos principales en la lucha contra el gran tráfico y, por cierto, llevará una resolución sobre esta materia".

PROYECTO ANTERIOR

La iniciativa del gobierno anterior buscaba que la custodia de drogas saliera de la tutela de Salud, y que una unidad especial de Carabineros se encargara del resguardo y posterior incineración. Incluso, la institución uniformada presentó un informe a Interior, donde se proponía crear 29 centros de acopio, con una inversión cercana a $ 5.190 millones.