Gobierno: recursos para INE autónomo aseguran personal de mejor calidad

A contrarreloj se retomará en marzo la discusión del proyecto que pretende dotar de mayor autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A pesar del receso legislativo de febrero, los plazos del Ejecutivo apuntan a que la iniciativa sea despachada en noviembre, cuando debe comenzar a levantarse la próxima Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

Fueron las críticas en torno a dicha medición las que a fines del año pasado aceleraron el envío del proyecto, que entró este mes al Congreso. Aunque la discusión del proyecto no alcanzó a tomar fuerza en el Congreso, sí lo hizo entre los especialistas en la materia, quienes afirman que los US$ 2,7 millones adicionales que contempla no garantizan mayor autonomía ni calidad. Pero el subsecretario de Economía, Tomás Flores, defiende la iniciativa y explica que el 100% de dicho monto está dirigido a gasto en personal.

"El efecto de eso es significativo, porque en la medida que logras atraer a las jefaturas a ingenieros, estadísticos y economistas de mejor calidad, la institución empieza a tener un cambio. Obviamente, el deseo es que fuera más, pero eso fue lo que la Dirección de Presupuestos nos autorizó.

¿No le resta independencia que el Presidente proponga a los consejeros y designe a quien los presida?

Es que si el Ejecutivo no es criterioso, el Senado lo va a rechazar. Pusimos un umbral de exigencia más alto que el para los consejeros del Banco Central, donde basta la simple mayoría para la aprobación. Acá son dos tercios de los votos.

¿Eso no hace que la elección final dependa más de un criterio político?

Frente a ese temor coloco la experiencia del Banco Central. Todos los consejeros, sin que la ley obligue a ser economista, han sido aprobados por el Senado sin poner en duda su calidad.

¿Por qué no se optó por elegirlos mediante Alta Dirección Pública?

Un consejero del INE va a más allá de eso. No se requiere que sepa sólo de estadísticas, sino que pueda decidir sobre la metodología de las encuestas y responder ante el Senado y la sociedad por las decisiones que toma. En un consejo de este tipo es relevante tener la opinión del poder Ejecutivo y también la del Senado.

¿Por qué?

Porque se tiene que velar porque lo que se está midiendo se ajuste a las prácticas internacionales y no responda a una situación coyuntural. Por ejemplo, una crisis económica provoca alza en tasa de desempleo y genera presión para que las tasa reportadas sean más bajas. Para evitar eso tenemos que crear un consejo con blindaje institucional.

¿Qué sentido tiene permitir al ministro de Economía suspender acuerdos?

El ministro tiene que tener derecho a voz y a aportar antecedentes, al igual que Hacienda en el Banco Central, porque es el principal ministerio en términos de usuario de estadísticas. Por ejemplo, si en un país el consejo decidiera calcular el IPC de una manera que se aparte de las buenas prácticas internacionales, el ministro de Economía debe tener derecho a decir que están equivocados.

Casen

Cuando se suspendió la Casen 2012, el Presidente aseguró que el INE se haría cargo de ella a partir de este año. Pero la iniciativa no especifica nada al respecto. ¿Está definido cómo se abordará?

La ley no es para poner qué encuestas se deben hacer. No es necesario. Tampoco tengo que poner cómo se va a calcular la pobreza o cuándo entregar los resultados. Es tarea del consejo determinar eso.

¿Pero no hay que aclararlo después de la polémica que envolvió a la encuesta?

No, yo creo que no cabe duda de que el INE se va a encargar de la encuesta. El Ministerio de Desarrollo Social puede decir yo quiero que la medición cumpla con estas buenas prácticas estadísticas, pero no es el proyecto el que tiene que velar por los estándares de las mediciones, ni para la pobreza ni para las otras encuestas. Es el consejo.

¿Cómo se evita que el comité interministerial que se crea no ejerza presiones sobre las estadísticas ?

Ese comité tiene un rol netamente de coordinación. Es sólo para evitar que distintos ministerios manden a elaborar las mismas estadísticas. Nada se vota ahí.

¿No puede haber intercambio de información respecto de las decisiones?

El consejo puede informar. Los acuerdos van a ser de conocimiento público.

¿Los ministros podrán hacer sugerencias?

Como cualquier ciudadano. Para el consejo la opinión de un ministro vale tanto como la de cualquier chileno.