Iglesia y expertos acusan inconstitucionalidad en indicación que afecta a colegios pagados

Abogados constitucionalistas aseguran que la indicación propuesta por la bancada estudiantil -y respaldada por algunos diputados de la Nueva Mayoría- que apunta a limitar el aumento de las mensualidades en los colegios particulares pagados, sería inconstitucional. 

Al respecto, la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, afirmó que la propuesta "es completamente inconstitucional, porque vulnera la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 19º, numeral 11, de la Constitución".

A su juicio, afecta además otras garantías, como los derechos de propiedad y asociación. "Lo encuentro imposible de comprender y menos me parece que sea posible de aceptar, porque la libertad de enseñanza es demasiado trascendente", añadió.

Y según explicó el abogado experto en educación de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Barrera, la libertad de enseñanza garantizada en la Constitución incluye el derecho de abrir, organizar y mantener colegios. 

En tanto, José Francisco  García, abogado de la U. Católica y coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, coincidió con el planteamiento de Feliú y añadió que "el Tribunal Constitucional (TC) ha dicho que los establecimientos educacionales son los titulares de la libertad de enseñanza, y que la ley tiene un rol en materia de regulación, pero la legislación no puede afectar la adecuada autonomía de los colegios".

Desde los particulares pagados también hubo críticas para la iniciativa de los diputados Camila Vallejo y Giorgio Jackson. El abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), Rodrigo Díaz, explicó que el TC se pronunció en 2004 sobre esta materia y que en tal oportunidad señaló que "tratándose de recursos públicos, el Estado tiene derecho a determinar condiciones y requisitos para dichos dineros. Pero no así en el caso de dineros privados". 

Díaz agregó que con esta indicación también se vulnerarían "tratados internacionales que ha firmado Chile y que garantizan la libertad de enseñanza como un derecho que el Estado tiene que proteger".

Sin embargo, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, defendió la indicación y sobre las acusaciones de inconstitucionalidad afirmó que "no me parece, ya que busca resguardar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, protegiéndolos del abuso de quienes quieran subir las mensualidades más allá de lo que sube el costo de la vida".

CRÍTICA DE LA IGLESIA

El obispo de Temuco y presidente del Area de Educación de la Conferencia Episcopal, Héctor Vargas, ve difícil que el tema sea regulado por el Estado. "Yo no sé si la legislación actual y la Constitución actual pueda permitir eso, porque los colegios privados, que son completamente pagados por las familias, se rigen por los típicos contratos entre dos privados, donde se ofrecen servicios". Y resaltó que "eso está regulado por la legislación y el Estado no aporta ni un peso, por lo tanto difícilmente podrá entrar a regular".

El obispo sostuvo que el pago de mensualidades en los colegios "es un contrato entre privados y si hay privados que no tienen dificultades en cancelar lo que les piden por el servicio que reciben -y si consideran que los satisface- no veo cómo se pueda regular eso por parte del Estado".

Por su parte, el  economista y experto del Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación (Ciae) de la U. de Chile, Juan Pablo Valenzuela, planteó que la limitación para el aumento en el cobro de las mensualidades en los colegios pagados es "inadecuada incluso permitiendo el incremento mediante la UF, porque el reajuste de los salarios de los profesores, que son el corazón de las escuelas, toma como base el reajuste del sector público y esta medida afectaría el aumento de  los sueldos de los docentes".

Mientras, el director del colegio particular pagado Cordillera de Las Condes, Gonzalo Celis, dijo que "el legislador no está considerando una realidad propia de cualquier iniciativa o emprendimiento, incluidos los más nobles, como es el caso de los educativos:  es imposible conocer de antemano todos los proyectos y necesidades  que los colegios tendrán en el futuro y las eventuales exigencias económicas que ellos demanden. En ese sentido, indicó que "sería limitar a priori la comprensible aspiración de mejorar o crecer como institución".

En tanto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) advirtió que en caso de que la indicación sea aprobada, "vamos a hacer reserva de constitucionalidad en la sala".