Indicaciones: Estado pagará hasta 1,7 veces el avalúo fiscal de un colegio al comprarlo

Después de que el gobierno desistiera de ingresar las indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago en el primer plazo acordado con la Comisión de Educación de la Cámara, las críticas contra el Ejecutivo aumentaron. Incluso, el ministro Nicolás Eyzaguirre fue acusado de "irresponsable" por parte de los parlamentarios de la UDI y RN. Ayer, cinco días después de ese plazo, ingresó el paquete de indicaciones que busca perfeccionar el proyecto original.

El documento, de 31 páginas, establece una serie de modificaciones al texto original. Entre estas se incluyen que el tope máximo de financiamiento compartido se congelará en UF, que se permiten los arriendos en un plazo mínimo de 20 años, y se modificó la opción de compra de inmueble y terreno por parte del Estado.

Este último punto se modificó sustancialmente en las indicaciones que, junto a las presentadas por los diputados, se empezarán a votar en particular a partir de mañana. En el proyecto original se establece que el Estado podrá comprar los colegios por un valor máximo de 105 UF por alumno y en un plazo de 12 años. Ahora, el Ejecutivo propone una nueva fórmula para llevar a cabo esta opción: "En casos excepcionales (...) y siempre que ello sea estrictamente necesario para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, el Estado podrá adquirir aquellos inmuebles en donde funciona un establecimiento".

Antes de ejercer esta alternativa, el Estado considerará criterios como la matrícula, capacidad del recinto y las condiciones del inmueble. Además, y una vez entrada en vigencia la ley, se contemplarán anualmente montos fijos para este ítem en la Ley de Presupuestos, que indicará el monto máximo de recursos destinados para este tipo de situaciones.

Para comprar, el Estado descontará los dineros invertidos por concepto de la Jornada Escolar Completa (JEC), donde el gobierno inyectó recursos para ampliar la infraestructura de varios colegios.

Tras este descuento, el precio final de la compra será de hasta 1,7 veces el valor del avalúo fiscal del inmueble y en un pago de una cuota, no en el plazo de 12 años establecido en el proyecto original.

El presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas (DC), aclaró que "lo primero es que la compra es una medida excepcional, cuando esté en riesgo el proceso educativo de un número indeterminado de estudiantes en esas circunstancias".

El parlamentario agregó que "el valor está señalado a precio de mercado", y añadió que "al abrirse a que se pague de una vez, es una alternativa que mejora sustantivamente la posibilidad de aquellos que invirtieron sus propios recursos".

CAMBIOS EN COPAGO

En lo referente a las condiciones en que se eliminaría el financiamiento compartido, las indicaciones del Ejecutivo se alejan del proyecto original y eliminan el plazo de 10 años estipulado para poner fin al cobro que hacen los sostenedores a los apoderados. "Podrán seguir afectos a dicho régimen hasta el año escolar en el cual el cobro máximo mensual promedio por alumno (...) sea igual o inferior al aporte de gratuidad", dice el texto.

Como el cobro del copago se congelará, a medida que se aumente la subvención regular, el monto incrementado se irá descontando proporcionalmente al pago que realizan los padres. Por ejemplo, si aumenta la subvención en $ 10 mil, el mismo monto será descontado de la mensualidad de los apoderados.

En este período de ajuste, a aquellos sostenedores que no se hayan traspasado a sin fines de lucro se les permitirá seguir recibiendo fondos estatales y seguir adscritos a financiamiento compartido, siempre que el cobro a los alumnos no aumente y se vaya rebajando gradualmente.

"Era impresentable que se obligara a 500 mil estudiantes a educarse con menos recursos sólo para poner fin al copago y nivelar hacia abajo", comentó el diputado Felipe Kast.