Juez Griesa amenaza con declarar a Argentina en desacato por caso de deuda en EEUU

El juez que lleva adelante la larga batalla legal de Argentina por su cesación de pagos del 2002 amenazó este viernes con declarar al país en desacato si no deja de realizar declaraciones "falsas" sobre que ya cumplió con sus obligaciones financieras.

En una audiencia, el juez de distrito Thomas Griesa dijo a los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que representa a Argentina, que la nación ha hecho comunicaciones falsas y engañosas pese a que le había ordenado que suspendiera estas prácticas.

Más temprano el jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Jorge Capitanich, dijo que su administración asistiría a la audiencia con nulas expectativas, porque el magistrado ha mostrado "manifiesta parcialidad" con los fondos de cobertura que el país debe compensar por su cesación de pagos hace una década.

En declaraciones en Buenos Aires, el funcionario agregó que "el juez nunca hace nada, no resuelve absolutamente nada, promueve audiencias en las cuales no resuelve nada (...) Las expectativas que tiene la República Argentina, con resoluciones del juez, la verdad que son nulas, pero siempre queda una oportunidad".

Argentina depositó a fines de junio en las cuentas del Bank of New York Mellon (BONY) en el Banco Central argentino US$539 millones para cancelar el cupón del Discount. Pero, los fondos nunca fueron girados al extranjero por el bloqueo de Griesa.

El país ha dicho que cumplió con sus obligaciones en tiempo y forma al realizar el depósito y que, desde ese momento, los fondos ya le pertenecen a sus acreedores, negando que haya caído en un default.

Esta semana, el magistrado estadounidense reiteró que el BONY no puede completar el proceso de pago de los bonos hasta que Argentina cancele US$1.330 millones más intereses a los tenedores de deuda que dejó de pagar en su masiva cesación del 2002.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha dicho que no puede cumplir con el fallo que beneficia a los fondos NML y Aurelius porque quedaría expuesta a demandas judiciales de hasta 400.000 millones de dólares de los acreedores que participaron de dos reestructuraciones de deuda en el 2005 y el 2010.

Más del 92% de la deuda impaga argentina fue canjeada y los tenedores de bonos aceptaron fuertes quitas. Una minoría rechazó las estructuraciones y llevó al país a cortes internacionales para recuperar el valor total de los títulos.

Capitanich reiteró la necesidad de que se dicte una medida cautelar ("stay", en inglés) para suspender el bloqueo ordenado por Griesa y le de tiempo al país para negociar con los fondos que califica de "buitres".