Justicia electoral de Brasil amenaza mandato de Temer

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TSE comenzará a juzgar el martes si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña 2014.Según analistas, hay posibilidades reales de que el tribunal se incline por la casación de su mandato.




Menos de un año después del impeachment que destituyó a su antecesora, el Presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta el riesgo inminente de correr igual suerte. Claro que esta vez el verdugo no sería el Congreso, sino el Tribunal Superior Electoral (TSE), que la próxima semana comenzará a juzgar si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de Dilma

Rousseff en 2014, de la que el actual mandatario fue Vicepresidente.

La máxima autoridad electoral fijó el inicio del juicio para el martes, el cual contará con cuatro sesiones plenarias -dos ordinarias y dos extraordinarias- para la evaluación del proceso, todas ellas fijadas para la próxima semana.

La causa comenzó a raíz de un pedido del entonces opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), perdedor en las elecciones presidenciales de octubre 2014, que tras esos comicios, solicitó la anulación del mandato de Rousseff y de Temer (2015-2018) tras denunciar que su campaña recibió financiamiento ilegal de fondos provenientes de desvíos en empresas públicas. Paradójicamente, el PSDB es actualmente aliado de Temer y cuenta con varios ministerios en el Ejecutivo.

El instructor del caso y ministro del TSE, Herman Benjamin, elaboró un informe -en el que se incluyen las declaraciones de 52 testigos relacionados con las investigaciones por la Operación Lava Jato y ex ejecutivos de Odebrecht recopiladas desde diciembre de 2014- que presentará en el pleno del martes ante el presidente del TSE, Gilmar Mendes.

La defensa de Temer pretende que el jefe de Estado sea juzgado separadamente de Rousseff para evitar que su mandato (que termina el 31 de diciembre de 2018) sea anulado en caso de condena. Sin embargo, el diario O Estado de Sao Paulo, citando fuentes vinculadas a las investigaciones, aseguró ayer que el Ministerio Público Electoral pidió al TSE la casación del mandato de Temer y la inelegibilidad de Rousseff, por abuso de poder económico y político en las elecciones.

Estos antecedentes y la premura de Benjamin inquietan al Palacio de Planalto. Ello, porque se esperaba que el proceso recién tomara fuerza a fin de mes, pero el instructor aceleró los tiempos. La decisión final recaerá en los siete magistrados que componen el TSE: tres del Supremo Tribunal Federal (STF), dos del Superior Tribunal de Justicia (Benjamin, entre ellos) y dos juristas "independientes", elegidos por el Presidente.

"Todos saben que Benjamin se manifestará por la casación de la fórmula Dilma/Temer, por causa de las notorias, numerosas y graves infracciones cometidas contra la legislación electoral. También se sabe que Mendes está empeñado en salvar el mandato de Temer", señala a La Tercera Sylvio Costa, fundador de Congresso em Foco, un grupo que vigila y rastrea la corrupción legislativa en Brasil.

Según Costa, "también se da como cierto que otros dos ministros se inclinan por la casación de la fórmula completa. (Pero) sucede que uno de ellos (Henrique Neves) concluirá su mandato en abril y la otra (Luciana Lóssio) en mayo". Por ello, la apuesta de Temer, según la prensa brasileña, era postergar el juicio hasta mayo, para así designar a dos jueces favorables a él en el TSE.

"Por lo tanto, si la votación ocurre la semana que viene, hay posibilidades reales de que el tribunal se posicione por la casación de ambos, aunque haya un trabajo monumental del gobierno y de sus aliados -el PSDB entre ellos- para que las cuentas de Dilma y Temer sean juzgadas separadamente, librando la piel del actual Presidente", afirma Costa.

Sin embargo, advierte que "aunque el voto mayoritario en el TSE sea por la casación, la historia no acabará ahí". Ello, porque de ser condenado, Temer podría apelar al STF, que podría resolver el tema recién después de las elecciones de 2018.

En caso de que Temer fuera removido del cargo, la Constitución prevé que el presidente de la Cámara de Diputados -Rodrigo Maia, de Demócratas, aliado del PMDB de Temer- asuma de manera interina por un plazo máximo de 30 días, hasta que el Congreso elija a un reemplazante antes de los comicios del próximo año.

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