La Haya: El litigio que Chile no pudo evitar

"Chile es firmante del Pacto de Bogotá, lo que obliga a nuestro país a ir a la Corte y a darle autoridad para decidir". Con estas palabras, tras una de las tantas reuniones de coordinación entre el gobierno y distintos sectores políticos, Alfredo Moreno, ministro de Relaciones Exteriores, no dejó margen para las especulaciones: Chile no sólo asumirá sino que también respetará el fallo que el 27 de enero entregará la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso del litigio marítimo con Perú.

Ese día se pondrá fin a un complejo proceso legal que comenzó el 16 de enero de 2008, cuando Perú formalizó la hasta entonces amenaza de llevar a Chile ante el máximo tribunal internacional para que definiera, entre otras cosas, el límite marítimo.

Para Paz Zárate, abogada y experta en derecho internacional público, el mérito de Lima fue crear, desde un principio, un caso creíble y viable ante el tribunal.

"Ellos empezaron a moverse mucho antes que Chile supiera. Independiente de los gestos políticos en la historia ente ambos países, y antes que la demanda se entregara a la Corte, jurídicamente Perú ha buscado, por mucho tiempo, crear un caso. Lograron que un equipo de primera categoría tomara la demanda, la cual tiene un buen talante. No hay caso que llegue ante la Corte que no tenga algún sustento", explica la especialista a La Tercera.

Una vez presentada la demanda, Chile poco podía hacer más que preparar su defensa. Así lo explica Ximena Fuentes, abogada que asesoró a la Cancillería en el caso, quien afirma que no era viable negarse a la jurisdicción de la Corte. "Algunos dicen que debimos habermos negado, pero no podíamos, no había justificación, no era sensato como estrategia", agrega.

En ese mismo sentido, Zárate añade que "la demanda peruana se iba a producir de todas maneras. Se demoraron en presentarla para asegurarse la seriedad, pero creo que no se hubiera evitado. Políticamente, puede haber algunas objeciones por parte de Chile, que se podría haber acelerado, pero con los años que esto llevaba como interés prioritario de la cancillería peruana, me parece que no era evitable".

QUE SE JUEGA CHILE EN LA DEMANDA
En su escrito, Perú pidió al tribunal que establezca el límite marítimo entre ambos países, el cuál, según argumenta, no está establecido. Para ello, pide que se haga una delimitación equidistante y que se indique que la frontera por mar parte en el Punto 266 o Concordia. Además, solicita que se le entregue un triángulo exterior de soberanía marítima, territorio que es considerado por Chile como aguas internacionales.

En tanto, Chile respondió pidiéndole a la Corte que reconozca que tanto la Declaración de Santiago de 1952 como el Convenio de zona fronteriza marítima de 1954 son tratados de límites. Es decir, que la frontera ya está establecida y que ésta es el paralelo que pasa por el Hito 1.

Fuentes explica que si se falla contra la postura chilena, la Corte procederá a dividir los cerca de 67 mil kilómetros cuadrados de la zona que Chile reclama como propia.

"Si la Corte dice que no hay tratados de límites, perdemos nuestro argumento del acuerdo y pasamos a esa forma de delimitación. El derecho internacional, en casos en que no hay acuerdo, opta por hacer una delimitación equitativa, donde las partes tienen los mismos derechos. Por eso Perú propone la equidistancia, donde la zona de superposición se divide en la mitad", dice Fuentes.

Un escenario muy distinto al que defiende Chile. "Nuestro país está pidiendo que el statu quo sea reconocido, es decir que se reconozca su soberanía sobre el espacio marítimo. Si se accede a la peticion de Perú, se ha dicho que el porcentaje de pesca que se vería afectado podría ser del 80% en la zona de Arica. Yo creo que antes de hacer proyecciones es importante distinguir que dentro de la pretensión peruana hay una intención principal, y otras menores, que serían el triángulo exterior y el Hito 1  (...). En el caso del triángulo exterior, no equivale a perder zona económica exclusiva chilena, porque hoy esas aguas son internacionales, es alta mar", agrega Zárate.

El DIA DESPUES
Con este caso, y en especial con lo que ocurra una vez conocido, ambos países se juegan, en parte, su reputación internacional.

Al respecto, tanto el Presidente Sebastián Piñera como su par peruano, Ollanta Humala, han reiterado en varias ocasiones que se cumplirá con la sentencia que entregue la Corte Internacional de Justicia de La Haya tras seis años de proceso.

El fallo, que no tiene posibilidad de apelación por ninguno de los países, puede aplicarse en la forma en que los involucrados decidan, sin perjuicio de que el tribunal puede establecer un período de tiempo para su implentación. Sin embargo, ambos países se han mostrado proclives a ejecutarlo a la brevedad.