La historia del mapuche indultado que gatilló la disputa en la Cámara

"Frei. No te olvides que estás en territorio mapuche", fue la frase que catapultó a Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, en 1998, como uno de los rostros del incipiente movimiento de recuperación de tierras.

Esa vez el llamado werkén -cuyo caso fue reflotado por el diputado UDI Gonzalo Arenas, quien le arrojó el decreto de indulto de Ancalaf al ministro Edmundo Pérez Yoma- interrumpió un acto del entonces Presidente Eduardo Frei, en la localidad de Mininco, La Araucanía.

Junto a José Huenchunao, Ancalaf funda la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), desde donde promovía ocupaciones de predios. Provenía de una familia humilde de origen Lafkenche (gente de la costa), que vivía en Nehuentué, pero con el maremoto de 1960 sus tierras quedaron bajo agua, por lo que emigró. Ancalaf, nacido en 1962, justificaba su causa en su condición de "desplazado". A fines del gobierno de Frei, la CAM comenzó a recrudecer sus acciones y Ancalaf, en la clandestinidad, protagoniza varias tomas.

En 1999 es detenido por la ocupación del tribunal de Collipulli y es encarcelado por cinco meses. Entonces comenzó a dar un giro hacia posturas más moderadas para entablar negociaciones con el gobierno, lo que lo distanció de la CAM.

La ex ministra de Planificación Alejandra Krauss, quien en la administración de Lagos le correspondió encabezar conversaciones, recordó que "en algún minuto Ancalaf decide deponer la violencia e iniciar el diálogo", que derivó en la entrega de algunas propiedades a comunidades.

Sin embargo, en 2002, el werkén vuelve a ser detenido por participar en atentados incendiarios contra camiones que trabajaban en la construcción de la represa Ralco. En 2004 fue condenado, en última instancia, por delitos de la Ley Antiterrorista a cinco años. A eso se sumarían penas por hurto de madera y desacato, a raíz de hechos anteriores, que elevaron su presidio a ocho años.

No obstante, su caso ya había llegado a la Comisión Interamericana de DD.HH., dependiente de la OEA, a través de una presentación en 2002 de un grupo de abogados contra las obras de Ralco. En 2004, en la solución amistosa del caso, el gobierno se comprometía -una vez que finalizara el juicio contra Ancalaf- "a estudiar la aplicación de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico contempla para hacer uso de los beneficios garantizados a todas las personas que se encuentran privadas de libertad".

En 2005, el caso Ancalaf volvió a ser presentado a la comisión interamericana que lo declaró admisible.

Casado con Karina Prado Catrilao, con quien tiene cinco hijos, hoy vive en Collipulli.