Los ajustes que faltan en Chile y Perú, a un año de La Haya

Aunque desde ambos países desdramatizan eventuales demoras en la implementación del dictamen, existe una soterrada tensión por los tiempos que cada nación se está tomando para adecuar sus normativas internas al fallo del tribunal internacional.




Este martes se cumple el primer año desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) diera a conocer la sentencia de la demanda por el límite marítimo presentada por Perú,  un dictamen considerado como intermedio para ambas partes -"salomónico", se llegó a decir- y donde, pese a que Lima no obtuvo todos sus requerimientos,  Chile perdió un territorio marítimo de unos 22.500 kilómetros cuadrados.

Desde el edificio Carrera han seguido con atención los pasos que ha dado el gobierno de Ollanta Humala para la adaptación de su legislación al dictamen. Este proceso de adecuación fue acordado en una declaración suscrita por ambos países en una maratónica reunión del denominado 2+2 (ministros de Defensa y Relaciones Exteriores) que se realizó el 6 de febrero de 2014 en La Moneda. "Cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el fallo (...) y procederá a adecuar dicha normativa de conformidad con dicho fallo", planteaba el texto consensuado por las naciones.

Y pese a que en ese entonces se llegó a estimar una implementación completa del fallo hacia marzo, y hoy -en círculos diplomáticos y parlamentarios- se habla en privado de una soterrada tensión por los tiempos que cada país se está tomando para modernizar sus normas y leyes internas, desde Perú y Chile se ha optado por desdramatizar las demoras.

"Los plazos de espera han sido normales y pese a ellos podemos decir que la ejecución del fallo ha sido muy rápida y hasta ejemplar", destaca el canciller Heraldo Muñoz.

Desde la Cancillería se destaca que el país adhirió hace años a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar -uno de los requisitos impuestos a Perú-, por lo que sólo se hacían necesarios algunos ajustes reglamentarios y un cambio legislativo menor.

Perú, en tanto, ha procedido a realizar varias actualizaciones y cambios reglamentarios. Lo más importante hasta ahora ha sido la modificación de su Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo, promulgada el año 2005 y que fijó la demarcación sur en el denominado punto 266 -refutado por La Haya- y que había dado pie para su demanda en la corte.

EXPECTATIVAS

Pese a que este avance es valorado en Cancillería, Chile está monitoreando otro cambio legislativo considerado clave en este proceso de adecuación previo a que la implementación total del dictamen concluya con la inscripción conjunta de la nueva cartografía marítima en Naciones Unidas.

Se trata de la Ley sobre el Ejercicio de Libertades de Comunicación Internacional, iniciativa ingresada al Congreso peruano en junio de 2014 y que por ahora se encuentra alojada en la Comisión de Relaciones Exteriores a la espera de un informe que se solicitó a la Comisión de Economía y Finanzas.

Mientras que desde Perú se ha sostenido que la discusión sobre ese proyecto se debiese reactivar en marzo tras el receso legislativo local, desde el gobierno chileno explican que la aprobación de esa modificación es crucial para asegurar el libre tránsito de naves chilenas hacia alta mar tras la nueva demarcación fijada por La Haya.

"Tengo entendido que ya ese trámite estaría prácticamente concluido y debe pasar al pleno para su votación y luego para su promulgación. Entonces, yo creo que en ese aspecto también el Perú está cumpliendo", afirmó el embajador de Perú en Santiago, Fernando Rojas.

Si bien la Cancillería ha visto con buenos ojos los avances que ha ejecutado el gobierno de Humala, fuentes diplomáticas coinciden en que Chile no realizará cambios legislativos mientras Perú no finalice con este importante proceso de adecuación de su legislación.

Las mismas expectativas, sin embargo, se manifiestan desde Lima, donde en privado dicen esperar que Chile derogue la norma sobre "Mar Presencial Chileno"                -incorporada en la Ley General de Pesca y Acuicultura-, porque, a su juicio, pondría en entredicho la soberanía peruana sobre la nueva zona marítima que el fallo de La Haya les entregó hace un año.

"También ahí, por parte chilena se deberán aprobar algunas normas que tienen que ver con este viejo proceso de cambios normativos", dijo el embajador peruano.

Pese a las demandas peruanas para que esta norma se elimine, la Cancillería se encuentra definiendo el tipo de alcance que tendrá esta modificación.

"Existiría la  necesidad de introducir un  ajuste legislativo menor, en el que estamos trabajando (...). Como hemos indicado, la legislación chilena se conformaba al derecho del mar desde antes del fallo", explicó el canciller Muñoz.

Los avances legislativos en ambos países condicionan la realización de la segunda reunión del 2+2, que está suspendida desde fines de marzo del año pasado, precisamente por el escaso avance de algunas modificaciones legales.

Más allá de los frutos y obstáculos que ha tenido el proceso de implementación, tanto en Chile como en Perú se alistan a conmemorar este martes el primer año tras el dictamen de la Corte Internacional. Mientras en Santiago la Cancillería prepara un seminario para analizar las proyecciones de la relación bilateral, en Perú el gobierno planea condecorar a quienes estuvieron vinculados con la tramitación de la demanda en La Haya.

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