Los altos y bajos de los dos años del proceso de paz en Colombia

El 26 de agosto de 2012, representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo general para negociar el fin de un conflicto que en seis décadas ha desangrado al país sudamericano. Aquel documento, alcanzado tras seis meses de conversaciones exploratorias secretas, sería en adelante la guía del diálogo que giraría en torno a seis temas centrales: reforma agraria, participación política, drogas ilícitas, víctimas, abandono de las armas y mecanismo para refrendar, implementar y verificar un eventual acuerdo de paz.

El próximo 18 de octubre, se cumplen dos años desde que las partes se reunieron formalmente en la ciudad de Oslo, Noruega, cita que dio paso a las conversaciones que hasta ahora se desarrollan en Cuba. Si bien el Ejecutivo del Presidente Juan Manuel Santos destaca los acuerdos parciales logrados en todo este tiempo en los tres primeros puntos en discusión, los colombianos aún dudan de la efectividad de la mesa de negociación.

A continuación, algunas claves para comprender qué ha pasado en el proceso.

INCUMPLIMIENTOS

En principio, Santos aseguró que las conversaciones "se medirían en meses, no años". Pero este no ha sido un diálogo "exprés". El plazo gubernamental no se cumplió y, en el intertanto, el jefe de Estado fue reelecto en junio pasado con la promesa de consolidar en su segundo mandato las cruciales negociaciones. ¿Qué otros aspectos también se han cumplido? Al diálogo "no lo han podido convertir en un propósito nacional. La ciudadanía aún mantiene otras prioridades políticas -salud digna, empleo formal, educación de calidad, etc.- y dentro de ellas no está la paz. Además, Santos defendió a capa y espada que no se discutiría sobre lo divino y lo humano, pero si se revisan los avances publicados, lo que se propone desde La Habana es una reingeniería constitucional y legal", comentó a La Tercera el analista político colombiano Diego Cediel.

OBSTÁCULOS

El plan de ruta de las conversaciones se ha ido cumpliendo paso a paso y sólo fue interrumpido brevemente por las Farc en agosto de 2013, para analizar una propuesta de Santos para un referendo ratificatorio del eventual acuerdo de paz. Pero el camino no ha sido fácil y ha habido varios inconvenientes, incluido el espionaje a las comunicaciones de los negociadores. El obstáculo principal es y ha sido la desconfianza de los colombianos, que no terminan de convencerse de la viabilidad del diálogo. En esa línea, un reciente sondeo Datexco, divulgado por la Radio W, develó que el 51% de los colombianos no cree que se llegue a firmar la paz.

Además, "hasta el segundo gobierno, Santos no tenía un mandato para hacer la paz, porque la primera vez fue electo para continuar con la política de Seguridad Democrática de su mentor político, Alvaro Uribe. A  ello se suma que negociar en medio del conflicto le ha granjeado muchos problemas de justificación del proceso, dado que la ciudadanía no entiende por qué mientras se habla de paz en La Habana con los cabecillas del grupo terrorista, sus demás integrantes asesinan, secuestran, extorsionan y queman camiones", dijo Cediel.

Para el analista y senador opositor Alfredo Rangel, "el principal obstáculo ha sido la soberbia de las Farc y su pretensión de lograr en la mesa de diálogo el poder que no pudieron obtener a través de sus acciones violentas y terroristas".

La inclusión de las víctimas en el diálogo y el hecho de que se hayan reunido cara a cara con sus victimarios han sido destacados como unos de los principales avances. Sin embargo, gran malestar ha provocado que las Farc no reconozcan como víctima, sino que prisionero de guerra o prisionero político, al general Luis Mendieta, quien pasó 11 años en manos de la guerrilla y fue parte de la tercera delegación que viajó a Cuba.

DESAFÍOS

Superados los tres primeros puntos de la agenda, en adelante quedan los más espinosos: las víctimas, el desarme de los guerrilleros y el mecanismo para la validación y la puesta en marcha del eventual acuerdo de paz.

Adicionalmente, el documento que salga de la mesa instalada en La Habana requerirá de una serie de leyes para su aplicación, las que deberán ser aprobadas por un Congreso dividido y donde tiene gran protagonismo el ahora senador Alvaro Uribe, quien ha mantenido una posición crítica sobre el proceso y los temas que en él se discuten.

Desde el Legislativo, además, ha surgido una posible falencia de la negociación: el financiamiento del posconflicto. Cálculos preliminares de la Comisión de Paz del Senado cifran en unos US$ 45.000 millones la inversión que se requerirá durante el próximo decenio, consignó la agencia Efe. Desde dónde saldrán esos recursos es el dilema.