Masivas huelgas de camiones y taxis golpean al gobierno italiano

La protesta más marcada es la de los camioneros que reclaman por los altos precios de la bencina, petróleo, los seguros y peajes.  También se anunciaron huelgas en ferrocarriles, farmacias y asociaciones de abogados.




Italia enfrenta hoy dos duras protestas en el sector del transporte, con una huelga nacional de taxistas,  primera prueba de la política económica del gobierno  del premier Mario Monti, y un paro de camioneros que bloquea la  península de norte a sur.     

El transporte por carretera que aisló a la isla de Sicilia la  semana pasada, afecta ahora a toda Italia, pues los camioneros atravesaron sus vehículos en las autopistas dificultando la  circulación.  Reclaman una tarifa  profesional para el combustible, descuentos en las autopistas y otras medidas relativas al sector.  El paro duraría hasta el 27 de enero.

En cuanto a los taxistas, si bien el paro comenzó hoy, ya en los  últimos días en muchas ciudades el servicio estuvo semiparalizado por asambleas contra el decreto del gobierno que  introduce desregulaziones en el sector. 

Se prevé un aumento de las licencias para taxis, que decidirá  una autoridad nacional del transporte, con compensaciones para  los que ya tienen permisos y pagaron un cierto monto para ello.

A su vez, el sindicato Orsa convocó a una huelga nacional de  ferrocarriles desde las 21 horas del 26 de enero a la misma hora  del 27, en protesta contra la abolición, prevista en el decreto  de desregulaciones, de la obligación de la empresa ferroviaria  de adoptar un específico contrato de trabajo.

También para ese día está previsto un paro de la línea aérea  Alitalia, con modalidades que difieren según la categoría. Las farmacias realizarán una huelga general el 1 de febrero  contra la desregulación, que prevé la apertura de 5 mil nuevas farmacias a través de concursos.

Los abogados estarán ausentes en las audiencias del 23 y 24  de febrero, en protesta contra las desregulaciones relativas al  trabajo autónomo, que prevén la abolición de las tarifas  profesionales mínimas y máximas y la obligación de hacer  presupuestos a los clientes.

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