Particulares subvencionados estiman que sólo 60 colegios accederían a opción de arriendo

¿Cuántos sostenedores realmente podrían acceder a la opción de arriendo en caso de no ser dueños de la infraestructura de un colegio? Según un análisis realizado por la Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile (Conacep), no más de 60 en todo el país. Esto porque, a juicio de la entidad, el estado actual del proyecto de reforma escolar, "la verdad es que prohíbe el arriendo y sólo da una alternativa en caso de excepciones", indicó el secretario general de la entidad, Rodrigo Ketterer.

En las indicaciones que aprobó la Comisión de Educación de la Cámara se autoriza el arriendo regulado a los colegios que ya tienen contratos de este tipo, cumpliendo con el requisito de ser instituciones relacionadas sin fines de lucro o entidades no relacionadas con fines de lucro.

Según la estimación de Conacep, sólo el 1% de los seis mil colegios particulares subvencionados en Chile, excluyendo a los vinculados a la Iglesia, podrían mantener esta situación. "Son unos 60 colegios en el país, casos súper excepcionales", detalló Ketterer.

Conacep plantea que podrán mantener los arriendos sólo los establecimientos en que hay un contrato con entidades relacionadas sin fines de lucro. "Estos son los colegios de congregaciones, deben ser unos 600 en todo el país", agregó.

En total, según el análisis, sólo el 14% de todo el sistema podría mantener arriendos, pero de ese porcentaje, el 13% corresponde a colegios católicos y sólo el 1% a particulares subvencionados.

"Usaron su poder"

El presidente de Conacep, Hernán Herrera, señaló que la opción de arriendo se abrió para beneficiar sólo a la Iglesia Católica y criticó al gobierno: "Es inaceptable que se legisle para unos pocos respondiendo a presiones".

Herrera enfatizó que "no estamos contra la Iglesia Católica. Ellos protegieron su patrimonio y defendieron sus colegios, logrando que el gobierno les diera la opción de arriendo para ellos".

La propuesta de Conacep es que se permita el arriendo regulado a todos los colegios particulares subvencionados del país, y afirmó que "bien por los curas. Los felicito porque hicieron bien la pega, usaron su poder". Y cuestionó que "mal por el gobierno, que piensa sólo en un grupo reducido y que tiene poder".

El análisis de Conacep también constata que la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados, unos cuatro mil, presenta arriendos entre "sociedades espejo". Esta figura, explicó Ketterer, "se creó en función de las exigencias de los bancos para permitir la entrega de créditos, porque no iban a aceptar prestar dinero a un colegio, ya que si llegaban a tener que rematar el inmueble por no pago, podía afectar su marca".

El mecanismo de arriendo que utilizan mayoritariamente los colegios particulares subvencionados se basa en que los mismos dueños de la sociedad educacional tuvieron que formar inmobiliarias para ser clientes de los bancos y recibir los fondos para poder ser dueñas de un edificio. Y es a estas a las que los sostenedores les arriendan. "Y de acuerdo al proyecto, no se permite que podamos mantener esos contratos", sostuvo Ketterer.

Uno de los sostenedores que se encuentran en esta situación es Rodrigo Bosch, quien tiene dos colegios, y uno de estos presenta una figura de arriendo que prohíbe el proyecto. Según explicó, cuando se debió implementar la Jornada Escolar Completa (JEC), los establecimientos debieron ampliarse, y para construir la nueva infraestructura debieron acudir a la banca. "Ellos no le prestaban dinero a un gestor educacional y nos pidieron formar inmobiliarias para entregar a estas entidades los créditos. Y los arriendos se fijaron para pagar estos préstamos", indicó Bosch.

Y advirtió que "este proyecto no se hace cargo del origen de este problema de arriendos entre sociedades relacionadas".

En tanto, el abogado de Conacep, Eduardo Escalona, criticó que "los únicos que podrán arrendar, tampoco tendrán arrendadores interesados en ello, porque se exigen contratos a muy largo plazo (20 años) y renovables, con la posibilidad de ponerle término con 10 años de anticipación".b