Solicitan prisión preventiva para tres gendarmes por incendio en San Miguel

El fiscal Alejandro Peña solicitó la prisión preventiva de tres ex gendarmes, a quienes se les imputa el delito de homicidio simple por omisión en el caso de 66 reos fallecidos en el ala sur de la cárcel de San Miguel. Ellos son los centinelas José Poblete, Fernando Orrego y Fernando Riquelme.

Sin embargo, durante la audiencia de formalización de los ocho ex funcionarios de Gendarmería, el defensor público Juan Pablo Gómez rechazó la medida cautelar, señalando que los centinelas alertaron a tiempo del fuego originado en la Torre N° 5 del penal.

"Si se dio aviso oportuno, el gendarme tiene la función de avisar, él no puede bajar de la garita, tomar la manguera y apagar el incendio, por eso los internos ven en él una inactividad, ya que el aviso ya se había dado", dijo en un receso de la audiencia.

José Miguel Valenzuela Donoso, uno de los reos testigos de la tragedia, recordó en la formalización lo vivido la madrugada del 8 de diciembre de 2010. "Me desperté como a las 4, me estaba asfixiando. Me acerqué a la lata, se estaban quemando vivos, gritaban que no querían morirse, nosotros gritábamos que nos estábamos quemando vivos, gritábamos por ayuda los funcionarios que estaban en la marquesina (...) si los gendarmes hubiesen actuado antes, nos hubiésemos salvado los del ala norte y sur".

Su relato coincide con varias declaraciones de testigos, quienes señalan que los gendarmes no respondieron a los llamados de auxilio y respondían con insultos.

En tanto, la fiscalía pidió para Carlos Bustos (director regional metropolitano) y Jaime Ernesto San Martí­n (jefe operativo regional) que sean formalizados por cuasidelito de homicidio reiterado de 15 internos fallecidos en el ala norte del piso 4 del penal, mientras que José Alexis Hormazábal (oficial de guardia), Segundo Sanzana (alcaide de la cárcel de San Miguel) y Patricio Campos (jefe administrativo del penal) por el delito de homicidio reiterado por la muerte de 15 reos fallecidos en el ala norte. Para todos ellos, la fiscalía solicitó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

Por su parte, familiares de las víctimas se encuentran en las afueras del Centro de Justicia.