Subastarán 7 aviones de Pluna con precio base de US$136,8 millones

La subasta estará a cargo de un rematador público que designará la Asociación Nacional de Rematadores y los interesados deberán inscribirse en un registro, previo pago de US$5.000s, que les dará derecho a inspeccionar los aviones.




Siete aviones Bombardier CRJ 900 de la aerolínea uruguaya Pluna, liquidada el pasado mes, serán subastados el próximo 12 de septiembre con un precio base de US$136,88 millones por el lote, informaron hoy fuentes oficiales.

La subasta estará a cargo de un rematador público que designará la Asociación Nacional de Rematadores y los interesados deberán inscribirse en un registro, previo pago de US$5.000s, que les dará derecho a inspeccionar los aviones.

Para el caso de que no se reciban ofertas por el monto de la base, la subasta se declarará desierta y una hora después se iniciará otra en la que el rematador podrá ir rebajando US$100.000 el precio base si no hay oferentes hasta un tope de 100 millones de dólares, que es el mínimo por el que se venderá el lote.

La entrega de los aviones se hará en un plazo máximo de 30 días y quienes los compren podrán negociar con el Estado uruguayo la habilitación de frecuencias que explotaba Pluna y la contratación de los exempleados de la aerolínea uruguaya.

El Parlamento uruguayo aprobó el 17 de julio pasado la liquidación de Pluna a instancias del gobierno del presidente José Mujica, debido a la crítica situación financiera de la empresa.

Cuando se anunció la quiebra, el pasado 9 de julio, Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, lo que suponía cerca del 80 por ciento del total de vuelos en Uruguay.

Algunas de sus frecuencias le fueron otorgadas temporalmente a otras compañías.

El pasado 15 de junio, el Gobierno uruguayo anunció un acuerdo para una "salida ordenada" con el Grupo argentino Leadgate, que tenía el 75 % por ciento de las acciones de Pluna, mientras que el Estado poseía el 25 % restante.

Tras la intervención, el Gobierno se dio un plazo de un mes para recibir inversionistas interesados en adquirir la empresa, pero éstos nunca aparecieron, lo que llevó a la suspensión de las actividades y a la disolución de la compañía.

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