Suspenden por dos meses a conservador de Concepción y deja de recibir hasta $ 90 millones

Más de $ 90 millones dejará de recibir el conservador de Bienes Raíces de Concepción en los próximos dos meses, Gabriel Valdés Sotomayor, a quien la Corte de Apelaciones de esa ciudad resolvió suspender de su cargo durante ese lapso. Ello, tras verificar que contrató y pagó sueldos a sus cuatro hijos sin que ellos trabajaran realmente en el servicio.

A ello se le suma otra falta administrativa, detectada en una indagación hecha por la ministra de la corte, Irma Bavestrello: el conservador no concurría a su trabajo todas las tardes, a pesar de que allí se estaba atendiendo público hasta las 16.00.

La investigación donde fueron interrogadas 60 personas y que detectó las irregularidades, surgió luego que dos funcionarias, Lucila Soto y Marina Concha, fueran despedidas tras reclamar la pérdida de un bono que afectó a 22 personas. Ellas denunciaron la situación que iba en desmedro de los sueldos de los funcionarios.

El conservador de Bienes Raíces de Concepción llega a tener ingresos por $ 120 millones mensuales: 40% es para el conservador y el resto se divide entre los funcionarios. En su ausencia, su cargo será ocupado por el conservador suplente, Marco Antonio Campos Carvajal. La suspensión será apelada por el abogado Hernán Silva a la Corte Suprema, la cual puede elevar o reducir el castigo.

El fallo redactado por el presidente de la Corte, ministro Eliseo Araya, señala que "agrava su conducta el hecho que por mandato legal los Conservadores tienen el carácter de Ministros de Fe Pública, de manera que por esa circunstancia les es mayormente exigible rectitud en el obrar en todo orden de cosas y una moralidad intachable y ejemplar (...) atributos que por cierto en el presente caso no se han dado a cabalidad".

POSIBLES DELITOS ECONOMICOS
La Corte ayer consideró las faltas de Valdés como "graves", pues estimó que la contratación de sus hijos acusa falta de probidad en su función.

A los hijos de Valdés se les cancelaba isapre y AFP, y se detectó que al menos tres funcionarias del servicio, entre ellas la contadora Ximena Jara, se encargaban de falsificar sus firmas en el libro de asistencia. Sólo uno de ellos trabajó ahí, pero fue sólo por tres meses y en 1996. Las mujeres no arriesgan sanciones y ahora están de vacaciones o con licencia médica.

Ayer la fiscal del caso, Carla Hernández, recibió el expediente administrativo por parte de la corte y dictó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para indagar el eventual delito de falsificación de instrumento de uso privado, que será determinado con peritajes contables y caligráficos.

También se entregaron los antecedentes a abogados del Servicio de Impuestos Internos, quienes evaluarán posibles infracciones tributarias.