Tribunal revisará mañana medidas cautelares de Orpis tras solicitud de la defensa

Según los abogados del senador, el desafuero aún no está oficializado. El Ministerio Público y el CDE pidieron prisión preventiva para Orpis y arresto domiciliario total para el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.




En voz de la fiscal Ximena Chong, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el senador Jaime Orpis, en el marco de la formalización del caso Corpesca que se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, medida que también fue solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La fiscalía imputó al legislador los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, por lo cual "la libertad del imputado configura un peligro para la seguridad de la sociedad".

En tanto, para el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, a quién se le formalizó por delitos tributarios reiterados y soborno, la fiscalía solicitó arresto domiciliario total. 

En cuanto a la formalización de la ex diputada Marta Isasi- quien es investigada por cohecho y delitos tributarios-, el tribunal representado por la jueza Ana Emilia Ethit decidió reprogramar la audiencia por los problemas de salud que presenta la ex parlamentaria.

"Por la noticia de esta audiencia y por su estado de salud frágil tuvo una crisis medica ayer, y para ello se la mantiene sedada desde ayer hasta mañana, con una terapia de sueño. Vamos a solicitar nuevo día y hora porque su estado de salud no es compatible con la formalización", señaló la defensa de Isasi. De esta manera, la formalización de la ex diputada se fijó para el próximo 2 de junio a las 9:00 horas. 

ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Durante la audiencia, el fiscal Emiliano Arias detalló las boletas ideológicamente falsas que emitió el senador y sus cercanos a Corpesca.

En esta línea, el persecutor afirmó que "Mujica accedió y pagó de manera continua entre 2009 y 2013 un total de $233.147.456, lo que promedia $4.600.00 millones mensuales, para realizar determinadas acciones propias de su cargo a favor de la empresa o en deberes fuera de su cargo".

"Orpis propone que se simulara la prestación de servicios profesionales a través de boletas ideológicamente falsas", añadió.

"El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo", dijo el fiscal.

Por otro lado, Arias sostuvo que "el senador Orpis recibió una serie de instrucciones y documentos que fueron reproducidos por él en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley".

"Orpis entregaba información a Corpesca de interés de esta última, y que poseía dada su calidad de senador de la República".

De esta manera, el Ministerio Público imputó a Orpis el delito de cohecho.

Asimismo, la fiscalía acusó formalizó al senador por delitos tributarios mientras se desarrollaba la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso. Según detalló Arias, Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, para justificar "ingresos inexistentes".

Además, el parlamentario se le imputó el delito de fraude al fisco por presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias, por un total de $153.471.845.

ESTRATEGIA DE LA DEFENSA

A su turno, la defensa de Jaime Orpis argumentó que el desafuero aún no está oficializado, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago no habría dictado el "cúmplase" de la resolución. Por esto, no se le podrían dictar medidas cautelares al senador.

"La resolución respecto del desafuero no se ha dictado el 'cúmplase' de la resolución y no se han hecho las comunicaciones que ordena el Código Procesal Penal. En este sentido la magistrado ordenó una certificación a la Corte de Apelaciones la cual debiese estar mañana", dijo el abogado de Orpis, Carlos Cortés.

"La ley exige ciertos requisitos para que las resoluciones se encuentren ejecutoriadas, y una de ellas es que el tribunal de primera instancia dicte el 'cúmplase' de dicha resolución", enfatizó el jurista.

Finalmente, la jueza decidió que mañana se revisarían las medidas cautelares del legislador.

ISASI Y MUJICA

La fiscal Ximena Chong expuso que entre 2009 y 2013, la ex diputada Marta Isasi "solicitó a Mujica pagos de diversas sumas de dinero para ejecutar actos propios de su cargo y actos fuera de los deberes de su cargo".

En esta línea, Isasi "recibió instrucciones de Corpesca por parte de Mujica o de otros ejecutivos y empleados de la empresa". Asimismo, "accede a ingresar a las discusiones en la Sala declarando como sus asesores empleados de Corpesca, para que ellos pudieran reportar el contenido de las discusiones".

En esta línea, la persecutora aseveró que "entre 2011 y 2012, durante la tramitación de la Ley de Pesca, "la empresa Corpesca mantuvo como aparente asesor de Isasi a don Ramón Pino Correa, quien reportaba a diario a Mujica las labores desplegadas a través de la diputada y transmitía a través de ella los intereses de la empresa", añadiendo que Isasi actuaba como "un vehículo de los intereses de Corpesca" en el Parlamento.

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