Columna de Pablo Halpern: “Empresas y causas políticas”

REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

"Hay un nuevo de paradigma respecto del rol de la empresa. Stakeholders poderosos con los que las compañías se relacionan hacen presión para que se manifiesten como actores sociales y políticos, en concordancia con lo que las define. Pero si una empresa no va a promover los valores a los cuales decide adscribir, siempre está la opción de sustituirlos por otros que si pueda defender. "



Empresa y causas políticas son dos conceptos que, tan solo hace unos años, no habrían tenido cabida en una misma frase. Pero las cosas han cambiado. En Chile, una encuesta realizada por el ESE Business School el año 2021 mostró que una abrumadora mayoría de los entrevistados estimaba que las empresas -no solo los gremios- debían pronunciarse sobre materias en la agenda de la convención constituyente. La idea de la empresa como actor político es tendencia. American Express, Amazon, Disney y Walmart suspendieron sus donaciones a congresistas del Partido Republicano que objetaron el resultado de la última elección presidencial estadounidense. Tencent, una empresa china de mensajería, se negó a recopilar información para el gobierno sobre sus usuarios, en defensa de la privacidad. En 2019, Volkswagen desechó el proyecto de construir una planta para fabricar automóviles en Turquía debido a las violaciones a los derechos humanos en ese país. Nike emprendió una campaña en contra de la injusticia racial y la violencia de las fuerzas policiales en Estados Unidos. Casos de empresas que están promoviendo causas políticas en el mundo podrían llenar páginas.

Pero ¿cómo se resuelve el dilema del involucramiento de una empresa en una causa política, especialmente, cuando no hay acuerdo entre sus stakeholders? La respuesta está en la sintonía entre sus valores con una determinada causa. Por ejemplo, en su misión, la CMPC declara que busca “un buen desempeño económico a través del respeto a los grupos de interés y el cuidado del medioambiente”. Este compromiso haría coherente que la compañía se pronunciara en contra de iniciativas políticas que afecten a las comunidades en las que opera y/o que impacten el medioambiente. Para Copec, el respeto a la libre competencia es un valor declarado. Si Copec no defendiera este principio cuando es amenazado, no sería consistente. BHP declara respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, tal como están descritos en la declaración internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué sentido tendría la adhesión a este compromiso si BHP no lo defendiera cuando es vulnerado? Si las empresas no se pronuncian cuando aquello a lo que dicen adherir es transgredido, su credibilidad podría verse afectada, su capital reputacional disminuido y su legitimidad social lesionada.

No obstante, el asunto es complejo. Las empresas pueden pagar costos adhiriendo a una causa, aunque ésta esté alineada con los principios que la gobiernan. Por ejemplo, Disney se enfrentó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuando éste suprimió los contenidos de diversidad, equidad e inclusión en los colegios del estado. Disney arriesgó la pérdida de su autonomía territorial y los beneficios tributarios con que opera sus negocios en la ciudad de Orlando.

Hay un nuevo de paradigma respecto del rol de la empresa. Stakeholders poderosos con los que las compañías se relacionan hacen presión para que se manifiesten como actores sociales y políticos, en concordancia con lo que las define. Pero si una empresa no va a promover los valores a los cuales decide adscribir, siempre está la opción de sustituirlos por otros que si pueda defender. Pareciera que el cruce entre empresa y política presentará disyuntivas que las compañías se verán confrontadas a dilucidar.

* El autor es director Centro de Reputación Corporativa at ESE Business School, Universidad de los Andes.

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