SEÑOR DIRECTOR:
El miércoles pasado, la ONG internacional Global Witness dio a conocer su último informe sobre la situación de los defensores ambientales en el mundo. Sus resultados son alarmantes. Solo en esta última década casi 2.000 personas dedicadas a la protección de la biodiversidad en el mundo han sido asesinadas y Latinoamérica concentra 2/3 de esos casos.
Los asesinatos son solo la punta del iceberg. Según el PNUMA, cada asesinato esconde más de 200 amenazas y en Chile sabemos de ello. Solo este año varios defensores ambientales de nuestro país han sido amenazados: vecinos del Parque la Campana en Olmué, conciudadanos de los Ángeles, la abogada ambientalista Orietta Llauca en el sur y el activista ambiental Mario Aravena en Valparaíso.
Podría escribir largamente sobre estos casos y todos los que en la Fundación hemos recibido. Pero creo que hoy los ojos deben estar puestos en el gobierno central. Nosotros en 2022 conseguimos, tras una larga campaña ciudadana, que nuestro país adhiriera al Acuerdo de Escazú, único tratado en el mundo en promover la protección de los defensores ambientales. Pero a más de un año de este acto, no hemos visto ninguna iniciativa del gobierno tendiente a implementarlo.
Es por eso que desde Escazú Ahora nos encontramos trabajando en la elaboración de la primera investigación nacional sobre la situación de los defensores ambientales en Chile, de modo que si el poder central no se hace cargo de implementación del Tratado, desde la sociedad civil impulsemos las acciones necesarias para resguardar la vida de quienes hoy trabajan por proteger la nuestra.
Joaquín Salinas Atenas
Coordinador campaña de defensores de la Fundación Escazú Ahora
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