SEÑOR DIRECTOR:
El pasado 4 de septiembre, el Presidente de la República firmó un proyecto de ley para dotar al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de facultades sancionatorias ante el incumplimiento de las empresas.
Si bien este proyecto incide en el ámbito de actuación de los juzgados de policía local en materia de consumo -por ejemplo, contemplando la posibilidad de una revisión judicial a través del reclamo de ilegalidad-, no se advierte que exista decisión de avanzar respecto a su necesaria reforma.
Actualmente, los juzgados de policía local tienen una competencia muy heterogénea y en materias que no guardan relación entre sí.
Además, institucionalmente se sitúan en una posición de doble dependencia (municipal y judicial, aunque no pertenezcan al Poder Judicial). Esto implica una importante disparidad en cuanto a la asignación de recursos que realiza cada municipalidad y genera problemas en cuanto a la uniformidad de los objetivos y criterios que en materia de gestión deben cumplir los juzgados.
Una eventual reforma de los juzgados de policía local debería contemplar su integración al Poder Judicial y una competencia que se oriente a la resolución de conflictos comunitarios, relocalizando los casos de consumo en la justicia civil para así superar el actual estado de dispersión en esta materia.
Junto con ello, deberían considerarse mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos y unidades especialmente dedicadas a una evaluación temprana de estos, con el fin de determinar el mecanismo de resolución más idóneo y contribuir a una política de prevención de la escalada de la conflictividad.
Con juzgados de policía local ocupados en causas de tipo infraccional y juzgados civiles convertidos en meras instancias ejecutoras, el proyecto presentado recientemente puede tratarse de un avance en la protección de las y los consumidores, pero seguimos sin atender la cuestión estructural: una verdadera reforma a la justicia civil, la que entre otras cosas distribuya competencias y mejore el funcionamiento de los juzgados civiles y de policía local, para así alcanzar un efectivo e igualitario acceso a la justicia para toda la población.
Leonel González Postigo
Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
Lorena Espinosa Olguín
Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
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