SEÑOR DIRECTOR:
Pasaron siete años para que el Congreso Nacional aprobara finalmente la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, un hito clave que fortalece el rol garante del Estado frente a la prevención, investigación, protección, sanción y reparación de la violencia de género.
Esta norma logra aunar en una legislación más robusta y acorde a estándares internacionales varias deudas no cubiertas por la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, por ejemplo, promoviendo una educación no sexista, con igualdad y basada en derechos humanos.
Este cuerpo legal crea un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos con el fin de evitar la revictimización de las mujeres, reduciendo el número de veces que deben relatar los hechos de violencia que han vivido y unificando datos para generar alertas tempranas que faciliten la atención y derivación de casos.
Parte de la tarea del Estado deberá centrarse en establecer programas de capacitación en derechos humanos de las mujeres para el personal de los órganos públicos, en protocolos que permitan evitar la violencia de género en espacios educativos y laborales, y el consiguiente fortalecimiento de toda la institucionalidad estatal en la materia. Solo así evitaremos que este avance que aplaudimos no se transforme en letra muerta.
Yenniffer Ávalos Carrasco
Directora de Género, Diversidad y Equidad, Usach
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