La Defensoría de los Derechos de la Niñez sigue sin su autoridad titular luego de que Patricia Muñoz –la primera defensora de la Niñez- terminara su mandato de cinco años el 31 de mayo pasado, y las dos propuestas que ha presentado entretanto la Comisión de Derechos Humanos del Senado -Rosario Martínez y Blanquita Honorato- no lograran 2/3 de los votos de los senadores en ejercicio apoyando la nominación, como lo requiere la ley 21.067, que regula la institución. La semana pasada se postergó el pronunciamiento de la Sala de la Cámara Alta sobre la tercera propuesta presentada por la Comisión, el abogado Anuar Quesille, que debiera zanjarse en una sesión esta semana, ya que hay un plazo corriendo para ello.
Más allá de lo que ocurra con el nuevo candidato nominado, que una institución que fue creada como parte de una nueva institucionalidad que debe velar por los derechos de la niñez -y específicamente para preocuparse de la difusión, promoción y protección de éstos- arrastre por tanto tiempo esta situación debiera alertar sobre la responsabilidad como se aborda esta materia y la valoración que se le da a los desafíos que permanecen pendientes. No se trata de que la Defensoría de la Niñez esté paralizada, pero es necesario que la estructura organizacional como fue diseñada esté provista de sus cargos para responder adecuadamente a los fines que inspiran su establecimiento, y que precisamente están referidos a una materia –como es la protección de la niñez- que transversalmente ha sido reconocida como deficitaria.
Lamentablemente, no es un caso aislado. En nuestra institucionalidad, dado que los organismos igualmente siguen funcionando pese a no contar con sus miembros titulares, se ha ido normalizando que distintos órganos o entidades no completen sus cuadros de acuerdo a lo que está establecido, y nos encontremos que nombramientos relevantes se dilatan ya sea por parte del Ejecutivo o del Congreso.
Es así como hay dos cupos de ministros titulares del Tribunal Constitucional de designación de la Cámara de Diputados con la anuencia del Senado, que tras dos procesos de nominación que concluyeron con el rechazo de la Cámara Alta se mantienen vacantes desde hace más de un año, o un cupo en la Corte Suprema, en que la propuesta del Ejecutivo fue retirada.
Sin perjuicio de la discusión que pueda recaer sobre las aptitudes de quienes son propuestos, es preocupante que las definiciones finalmente se entrampen en los cálculos políticos para buscar un supuesto equilibrio de sensibilidades políticas que se complejiza cuando se trata de un solo cargo. Basta recordar lo ocurrido con la designación del actual fiscal nacional, y que de no cambiar la práctica volveremos a ver con el proceso que se debe abrir por el cargo de contralor de la República cuyo titular termina su mandato en el mes de diciembre.
El Congreso y el Ejecutivo deben ser más conscientes sobre la necesidad de evitar que estas anomalías institucionales sigan repitiéndose, pues resulta fundamental para el normal funcionamiento de las instituciones que éstas puedan operar con sus miembros titulares.
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