Señales equívocas de la autoridad

Después del 18 de octubre se ha hecho difícil para la autoridad resistir peticiones apalancadas en la amenaza o ejecución de hechos de fuerza. Con la intención de evitar exacerbar aún más un ambiente de violencia y manifestaciones sociales el Ejecutivo ha cedido a demandas de diversa índole: desde la puesta en marcha de un proceso constituyente, pasando por una redefinición mayor de la política social y de aspectos esenciales de la política económica, hasta medidas más acotadas como condonación de deudas impagas en el CAE o TAG, revisión de tarifas eléctricas o de criterios para determinar el precio de los combustibles.

La aplicación concreta de esta mayor ductilidad, sin embargo, ha excedido lo aconsejable en algunas materias, contribuyendo a un escenario difícil de manejar hacia el futuro. Más allá de ceder ante una demanda, tanto el Ejecutivo como la coalición oficialista se han sumado muchas veces a los grupos de interés para justificar desde una perspectiva técnica -y en ocasiones también ética- los cambios a situaciones previamente juzgadas como equitativas y necesarias para el buen funcionamiento del país.

En los temas de fondo esta justificación de lo que se acuerda no se ha dado en torno a los compromisos para una nueva Constitución, que han sido presentados como concesiones necesarias para la paz social, pero sin dejar de valorar como fundamentales muchos preceptos de la actual Carta Fundamental, que el oficialismo se apresta a defender. Una situación intermedia se aprecia en torno a los nuevos planes sociales, donde un enorme incremento de gasto se presenta como riesgoso, pero compatible con la estabilidad fiscal, a pesar de que no es claro que el país esté de acuerdo en la política fiscal y tributaria de largo plazo que deberá acotar la evolución del gasto público y viabilizar lo resuelto. En la revisión de regulaciones concretas y en medidas específicas, sin embargo, ha tendido a dignificarse con justificaciones técnicas y éticas lo que son concesiones para evitar conflictos mayores.

La condonación de deudas impagas por CAE o TAG puede ser realista, pero es la aceptación del incumplimiento de contratos. Cuando con cargo al Estado se otorgan estos beneficios a quienes no pagaron, se está priorizando este uso de los recursos fiscales frente a otros posiblemente más prioritarios, lo que pone en duda la superioridad ética de la decisión. Además, se incurre en una conducta discriminatoria contra quienes estando en la misma situación sí hicieron el esfuerzo de pagar; ello es una mala señal, pues pareciera que el cumplimiento de las obligaciones es irrelevante.

La aceptación de demandas forzada por la amenaza de movilizaciones valida el uso de la violencia y de hechos de fuerza como instrumento para obtener beneficios. Todo esto tiene consecuencias muy dañinas en la medida que valida, estimula y potencia esta forma de presión social. Agrava sus efectos negativos el que el Ejecutivo le reconozca a lo logrado por medio de la fuerza un carácter técnico o ético superior y contribuya a asentar el diagnóstico de una institucionalidad abusiva y fácilmente mejorable.