SEÑOR DIRECTOR:
Dos fantasmas acosan a las democracias latinoamericanas y Chile parece haberlos sufrido ambos en un lapso breve de tiempo: que los partidos dejen de representar a la ciudadanía y por tanto se vuelvan ilegítimos, o que la representación se consiga a costa de fragmentar tanto el sistema que se dificulte la gobernanza.
El umbral del 5% para que los partidos entren al Congreso propuesto por la Comisión Experta en el anteproyecto de Constitución busca responder a la segunda cuestión, pero no lo hace desde el diagnóstico adecuado ni poniendo luces sobre las necesidades del sistema político. Así lo demuestra la bajada ahora al 4%, que se hace a partir de asumir los perjuicios que la medida provocaría en el campo propio o con los aliados.
Los partidos tienen funciones fundamentales para el buen funcionamiento de una democracia; de ellos se espera que, alternativa o complementariamente (dependiendo del lugar que ocupen), lideren, controlen y gestionen. Si los partidos organizan sus programas a base de mirar encuestas, pierden su capacidad de liderazgo, que queda en manos de los medios. Si activan su tarea de control como estrategia electoralista orientada a atacar al adversario, minan la posibilidad de debatir y arribar a acuerdos fundamentales para la gobernanza de sociedades complejas. Y si elaboran instituciones con miradas miopes, sin observar interacciones sistémicas, difícilmente se pueden resolver los problemas de fondo.
Definir un umbral es apenas un aspecto de la cuestión y probablemente no es el más importante (aunque deja en evidencia la obsesión por cerrar el sistema tan presente en la historia chilena postransición). Hay cosas que no las corrige ningún umbral.
Yanina Welp
Albert Hirschman Democracy Centre, Geneva Graduate Institute
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