Chile Vamos: toma fuerza entre los diputados recurrir al TC por objeción de conciencia

Diversas posturas se han adoptado luego de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) informara que pretende recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto en tres causales, que fue presentado el viernes pasado por el gobierno.

Decisión que se da luego de que la Contraloría anulara el protocolo de objeción de conciencia presentado por la actual administración y las diversas críticas que ha generado el nuevo reglamento que levantaron desde La Moneda, el cual a juicio de los parlamentarios de Chile Vamos, vulnera el derecho de la objeción de conciencia, ya que éste impide que las instituciones privadas reciban fondos públicos para invocarla.

Por eso es que en las últimas horas se han intensificado las reuniones entre los diputados del conglomerado para aunar criterios sobre este tema y así tener una postura común. Tomando fuerza la idea de recurrir al TC.

"Creemos que hay que ser súper cautos al decir que el decreto del Presidente al respecto no ha sido tomado razón, y vamos a seguir avanzando con nuestros socios; pero nos parece importante seguir reforzando un concepto que hemos venido señalando desde hace varias semanas y donde creemos que la Contraloría se equivocó", sostuvo el diputado Javier Macaya.

Su par, Guillermo Ramírez, indicó, en tanto, que "el ministro Santelices fue interpelado en esta Cámara y él aquí defendió un punto central que es que al no respetarse la objeción de conciencia y al quitársele los fondos a estos centros que atienden a mujeres en el ámbito de la ginecología y la obstetricia van a dejar de atenderse a miles de mujeres, partos y otras prestaciones por no respetarse el derecho a la objeción de conciencia. Nosotros queremos defender ese punto y por eso la UDI ha tomado la decisión unánime de ir al Tribunal Constitucional contra este criterio del contralor Bermúdez que nos parece que atenta contra miles de mujeres que no van a poder atenderse en los Centro de Salud si es que no se respeta la objeción de conciencia institucional".

Mientras que Jaime Bellolio declaró que "no me parece razonable que le impongan sanciones económicas a aquellas instituciones que decidan no hacer abortos. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, es un derecho y por tanto no puede haber una sanción económica a quien ejerza ese derecho y mienten quienes dicen que aquí se estaría menospreciando a las mujeres o no se estaría dando cumplimiento a la Ley poniendo en riesgo la aplicación de la normativa en tres causales".

En Renovación Nacional, por su parte, no se cierran a la idea de acudir al TC, pero primero quieren conocer en detalle los argumentos esgrimidos por la Contraloría.

Por eso es que sus diputados, de forma unánime, optaron por solicitarle al organismo fiscalizador su pronunciamiento respecto a los alcances del dictamen sobre el reglamento de objeción de conciencia.

"Queremos pedirle esta precisión (a la Contraloría) a objeto que este dictamen no se vaya a transformar en un efecto dominó para toda la sociedad intermedia de nuestro país", dijo el diputado Leopoldo Pérez.

Agregó que "una vez que tengamos claridad de los alcances y dimensión de este dictamen estamos evaluando con nuestros abogados y expertos constitucionalistas recurrir al Tribunal Constitucional si así lo amerita la respuesta que nos de el señor Contralor. Por ahora no, lo estamos evaluando".

Mario Desbordes apoyó las palabras de su compañero, indicando que "tenemos aprehensiones respecto del dictamen y es prudente pedirle al Contralor que precise".