Gobierno anuncia que conformará “equipo de expertos para probidad e integridad” en medio de crisis por líos de platas

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Así lo dio a conocer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que el organismo tendrá un plazo de 45 días para trabajar.


Este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció en un punto de prensa que se conformará un equipo de expertos para probidad e integridad, el que surge en medio de la crisis por líos de platas en fundaciones ligadas al oficialismo.

La ministra manifestó que “el objetivo general de la comisión de expertos es establecer un nuevo trato con las instituciones sin fines de lucro, como fundaciones y corporaciones, donde primen principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuenta de los convenios de colaboración entre las entidades y el Ejecutivo”.

El equipo de expertos, señaló Vallejo, tendrá un plazo de 45 días para realizar el trabajo y cumplir con los objetivos que se le han planteado.

La secretaria de Estado planteó cinco puntos concretos en lo que trabajará la comisión.

“En primer lugar, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado; en segundo lugar proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades”, dijo.

Como un tercer punto, el equipo tendrá que “proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos” y, en cuarto lugar, “revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses.

Por último, deberán “proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas”.

“Como gobierno hemos actuado”

La creación del grupo anunciado por el Ejecutivo se produce en medio de la crisis que ha azotado a Revolución Democrática (RD), uno de los partidos eje de Frente Amplio, a raíz de presuntas irregularidades en la suscripción de convenios entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones privadas ligadas al partido.

En medio de la investigación de la fiscalía por eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, el caso ha derivado también en la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y la expulsión de militantes de RD. En concreto, Carlos Contreras -exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- quien lideraba el Serviu de Antofagasta cuando se suscribió un contrato con la fundación Democracia Viva, presidida por la entonces pareja de la legisladora, Daniel Andrade (RD).

Dejando en evidencia la crisis, no se ha descartado una eventual expulsión de Pérez de la tienda. El fin de semana, la legisladora apuntó duramente al timonel del partido, asegurando que el senador, “como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad.

“Como gobierno hemos actuado, porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga, por lo mismo esto no se trata de superioridad moral, sino de cómo actuamos frente a este tipo de situaciones, se trata del estándar de actuación cuando nos enfrentamos a denuncias o posibles irregularidades”, dijo Vallejo este lunes defendiendo el actuar del Ejecutivo en el caso.

En esa línea, dijo que el gobierno es el más interesado en que los casos como los convenios de la fundación “Democracia Viva” sean investigados, y manifestó que “si la responsabilidad es política, se hace valer la responsabilidad política; si la responsabilidad es administrativa, se hace valer la responsabilidad administrativa, y si es penal, la justicia debe determinar quién cometió un delito, qué delito y sus penas”.

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