Montes admite en la Cámara Alta que había una auditoría del Minvu en Antofagasta por Democracia Viva desde febrero

La comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sesionó la mañana de este martes para recibir al ministro del ramo, Carlos Montes, para que la autoridad de gobierno diera a conocer antecedentes respecto de los contratos suscritos, bajo la modalidad de trato directo, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.

Esto, mientras el Ministerio Público está indagando eventuales delitos de corrupción por los millonarios contratos, por más de 400 millones de pesos, que el renunciado seremi del Minvu de Antofagasta Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática y exasesor de la diputada Catalina Pérez, visó para que fueran la entidad fundada por Daniel Andrade, también militante RD y expareja de la legisladora, ejecutara obras en campamentos de la región para las que carecía del giro correspondiente.

Montes explicó que el caso se conoció a partir de “un conflicto” entre funcionarios del ministerio en la zona y las autoridades que asumieron el año pasado. Tras ello, informó a los senadores de la comisión que Contreras, ante esas críticas, solicitó una auditoría en febrero de este año por el asunto en cuestión.

“Una auditoría que recién la estamos conociendo ahora, porque era una auditoría, interna, administrativa, privada de la región y la verdad que da muchas luces de todos los problemas que hay”, manifestó el secretario de Estado.

La información había sido dada a conocer por El Financiero, en una publicación en la que se señala que se detectaron anomalías por gasto de arriendo de oficinas e inexistencia de cláusulas de control, seguimiento y fiscalización de convenios.

En su exposición el ministro sostuvo que ante la polémica lo más grave es que “con la plata de los sectores más pobres, ha habido descuidos y problemas” respecto al 30% que va a las fundaciones del 1% del presupuesto del Minvu.

La autoridad, sin embargo, aseguró que los convenios en entredicho por eventuales conflictos de interés con fundaciones ligadas al oficialismo, habrían sido aprobados durante el 2021, durante la administración de Sebastián Piñera.

“El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior”, afirmó.