Partidos avanzan en inhabilidades hasta 2025 para los integrantes del Consejo Constitucional, y PC cuestiona perfil de los expertos

“El texto está quedando bien”. Eso transmiten los partidos políticos respecto del avance de la redacción de la reforma constitucional necesaria para habilitar el nuevo proceso constituyente, una labor que quedó designada a un grupo de técnicos encargados de abordar los vacíos que no quedaron especificados en el acuerdo firmado por los partidos con representación parlamentaria.

Este grupo está compuesto por los abogados Gabriel Osorio, quien anteriormente formó parte de la mesa técnica del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre; la abogada y exseremi de Justicia Paz Anastasiadis, por parte de la DC; el exsubsecretario Segpres Máximo Pavez, por el lado de la UDI; y Pablo Celedón, por RN, quien fue jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior durante la segunda administración de Piñera. En representación de Apruebo Dignidad, en tanto, está el académico Domingo Lovera, quien fue asesor durante la negociación del acuerdo constituyente de los timoneles de RD y Convergencia Social.

La descripción es escueta, pues, según reconocen las mismas fuentes, el borrador del documento aún se maneja con hermetismo, debido a que todavía hay materias pendientes por resolver que tienen que zanjar los líderes de cada colectividad.

Pese a la reserva, los dirigentes han dado cuenta -en privado- de algunos de los puntos despejados por los técnicos. Uno de los más significativos es que se logró avanzar en un tema que generaba gran incertidumbre dentro de los partidos políticos, del oficialismo y de la oposición, y que será clave para definir quiénes serán los candidatos de cada tienda. Se trata de las inhabilidades para ser consejero constitucional, experto o árbitro del proceso constituyente.

Lo que está claro, de acuerdo a distintos integrantes de la mesa técnica, es que la propuesta de los técnicos contempla que los tres cargos tendrán las mismas inhabilidades, y que estas durarán todo el próximo ciclo electoral, es decir, hasta la próxima elección presidencial, que será en 2025. De esa forma, quienes se postulen a ser consejeros o sean designados como expertos quedarían fuera tanto de las elecciones municipales de 2024 como de las parlamentarias y presidenciales de 2025.

En sintonía con la definición de la mesa técnica, el diputado socialista Leonardo Soto señaló que “este nuevo proceso constituyente debe ganarse la confianza y legitimidad ciudadana y, por tanto, es fundamental que los expertos y consejeros constitucionales sean los mejores y tengan una reputación y conducta ejemplar, impecable. Por eso (...) debe haber una inhabilidad clara de participar en futuros eventos electorales a cargos de elección popular (tanto municipales como parlamentarias), a fin de evitar que afanes de publicidad o figuración pública influyan indebidamente en las tareas constituyentes”.

Por su parte, el senador Pedro Araya (IND-PPD) manifestó que “después de la experiencia de la Convención Constitucional, lo ideal sería que las inhabilidades se apliquen a todos quienes participen en el proceso de redacción de la nueva Constitución, de forma tal que se concentren en esa tarea y no estén pensando en que el trabajo que realizaran en la convención es un trampolín para una posible candidatura a un cargo de elección popular”.

Coincide con ellos la senadora y presidenta del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, quien afirmó que “nuestra posición en esta materia es que las personas que participen en cualquier modalidad en el nuevo órgano constituyente tengan una inhabilidad de postular a cualquier cargo de elección para los dos procesos inmediatamente siguientes, sin importar su naturaleza”.

Desde el Frente Amplio, eso sí, algunos exhiben reparos. Específicamente, cuestionan si la inhabilidad debería aplicar también a los expertos. En todo caso, enfatizan que es una discusión abierta. El problema en ese sector, según reconocen, es que si establecen restricciones tan rígidas para los tres estamentos que contempla el proceso constituyente, tendrán dificultades de conseguir figuras que compitan o que estén disponibles para asumir esos puestos.

En esta misma línea, sugieren que la inhabilidad podría conllevar el efecto contraproducente de convertirse en un desincentivo para postular o para ser designado a un cargo constituyente, en consideración de que algunas de las mejores cartas de los partidos también podrían querer participar de los otros comicios futuros de alcaldes y parlamentarias.

Sobre este punto, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, quien está de acuerdo con que la inhabilidad de aplique tanto a expertos como a consejeros durante las elecciones parlamentarias, afirmó que “quienes postulan o se nominan serán personas que cumplen con requisitos y que tienen interés en la discusión constitucional y no están pensando en posicionarse para candidaturas personales”.

Por lo demás, a estas inhabilidades definidas por la mesa técnica se suma otra que previamente, en la firma del acuerdo, concordaron los partidos políticos. Esta establece que no podrán ser parte de la comisión experta “personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular”. De esa forma, los 155 convencionales electos en 2019 quedan fuera del nuevo proceso tanto como expertos y consejeros, pues continúan inhabilitados por el proceso anterior hasta el 4 de julio de 2023 para postular a cargos públicos.

Además de las inhabilidades, hay otros puntos que la mesa técnica ha avanzado, como las remuneraciones de los consejeros y los expertos, los plazos, las incompatibilidades, entre otros.

Dentro de los pendientes, según dicen los partidos, también está la fórmula exacta de paridad que tendrá el nuevo órgano constituyente, así como la forma en que se incorporarían escaños indígenas, pues el acuerdo de los partidos se limita a establecer que “será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección”.

Para resolver esas materias, al cierre de esta edición, los principales dirigentes de los partidos políticos se reunían este lunes en el Congreso en Valparaíso. Dentro de los presentes están los senadores Javier Macaya (UDI), Álvaro Elizalde (PS), Claudia Pascual (PC); los diputados Diego Schalper (RN), Gael Yeomans (Convergencia Social), Diego Ibáñez (Convergencia Social), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), además de Vodanovic.

Las mismas fuentes dicen que en las últimas horas el Partido Comunista ha instado, según acusan, de “relativizar” los requisitos de los expertos, con el fin de incluir a actores como dirigentes sindicales, junto con agregar instancias de participación ciudadana que no están consideradas en el acuerdo. Un punto que, previo a que se conformara el equipo de técnicos, ya habían deslizado.

“La reforma constitucional debe precisar qué se entiende por “experto” y nuestra mirada es que eso no puede hacerse bajo una óptica tecnocrática, es decir, los llamados expertos no están dados solamente por ser abogados del rubro constitucionalista, sino que tiene que ver, en mi opinión, con gente que tenga un conocimiento de los temas públicos, por lo tanto, lo entendemos de una manera mucho más amplia y no restrictiva”, dijo durante la semana pasada el senador Daniel Núñez (PC).

Las remuneraciones han sido otro de los puntos que se han sido cuestionados en los últimos días, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), dijera que los expertos no debiesen recibir remuneración, “ya que se trata de personas que al tener un compromiso incondicional con el país van a servir a Chile a través de esta instancia”, argumentó.

En oposición al parecer de Mirosevic, el Presidente Gabriel Boric manifestó en sus redes sociales que “la remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no, solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”.