PDI alerta ante el Congreso que han detectado casos de “secuestros de pequeños comerciantes detallistas” de Santiago por parte de agrupaciones criminales venezolanas

Una alerta sobre la mayor participación de extranjeros en diversos delitos en el país como el secuestro y el homicidio, además de la instalación de “carteles” de droga en el valle del Limari y el Choapa, entregó ante el Congreso este lunes personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la institución, prefecto general Luis Silva y el Jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Paulo Contreras concurrieron hasta la Comisión Macrozona Norte de la Cámara de Diputados para entregar más detalles de la situación migratoria y del crimen organizado que afecta al norte del país.

En ese sentido el primero que tomó la palabra fue Silva quien explicó ante los parlamentarios que “uno ha visto una prevalencia o participación mucho más importante de ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana en la participación de ilícitos” y ahondó en relación a que “uno de los delitos que tiene mayor importancia, que es el homicidio, se ha visto una mayor participación y prevalencia de ciudadanos extranjeros”.

En ese sentido y sobre el control específico de las fronteras, Silva detalló que con el gobierno se ha trabajado en establecer “nuevos puntos de control con capacidades de habitabilidad y de cámaras termales que se están facilitando y comprando para el Ejército. Y una segunda línea de control compuesta por Carabineros y PDI”.

“Hoy justamente en la mañana tuvimos una reunión, la de los lunes en la mañana (con el subsecretario Manuel Monsalve), y nos pedía establecer nuevos puntos de control que la policía pudiera registrar que fueran importantes en términos, por ejemplo, de la trata de personas”, indicó el detective.

En esa línea el subdirector de Inteligencia de la policía civil explicó ante los diputados que “un delito que ha llamado la atención en el último tiempo, como el caso del marino en Ecuador, uno puede ver que ese tipo de delito ocurrió en el año pasado con más prevalencia que en años anteriores, secuestros verdaderos y falsos, entonces sobre eso hay que tomar medidas anticipadamente para que no se venga a instalar la industria del secuestro”.

“En los últimos años lo que había venido pasando es que eran secuestros relacionados con organizaciones criminales, es decir, traficantes que secuestraban a traficantes (...) eso ha ido mutando y hay un aumento el año pasado de secuestros reales, pero siguen en relación a grupos de determinadas nacionalidades o en relación a un delito en particular. Y en ese sentido así se mueven”, agregó el prefecto general.

Por su parte, el jefe Antinarcóticos dio cuenta de que “la mayoría de los casos se da entre agrupaciones criminales de origen venezolanas, bandas que están dedicadas a esto y que partieron secuestrando a sus connacionales por efectos de extorsión, pero ya tenemos casos que están secuestrando a pequeños comerciantes, principalmente detallistas del comercio menor de Santiago y algunas regiones, por el flujo de caja que tienen, de dinero inmediato. Son montos no millonarios los que exigen y están relacionados a ala capacidad que tienen de entregarlo rápidamente”.

Respecto a la elaboración y tráfico de drogas, Paulo Contreras explicó que debido al cierre de fronteras producto de la pandemia, detectaron un incremento de producción a nivel local, principalmente en las zonas relativas a los valles del Limarí y Choapa.

“Hoy tenemos una zona bastante amplia que prácticamente va desde el valle del Limarí hasta el valle del Choapa, con cultivos grandes. En el 2022 nosotros tuvimos 579 kilos de cannabis procesada en ese sector y hoy llevamos 1.275 kilos, en igual fecha, hay una variación de 120% en estas dos semanas que llevamos del año”, comenzó diciendo.

El detective en esa línea confirmó que “afectó que el cierre de la frontera disparó la capacidad interna de producción, porque la demanda no bajó, la oferta bajó, porque no existía la oferta de transitar (...) Entonces, el traficante natural, el propio de Chile, empezó nuevamente a incrementar con fuerza”.

Y en esa línea reveló ante los parlamentarios un dato poco conocido: “La última información que tenemos es que un cuidador solamente de tres meses que esté al interior de la plantación vigilándola recibe percibe 10 millones de pesos, por los tres meses. Entonces ese potencial es muy alto y está acá y eso nos tiene preocupados”.

“Porque incluso un par de años atrás fuimos objeto de un copamiento territorial armado, encerraron un vehículo nuestro y lo quemaron, nuestro personal casi falleció en el servicio”, explicó.

Y cerró con que “teníamos la mirada de que creer que eran simples narcotraficantes cultivadores de marihuana, pero resulta que cuando usted tiene una organización que además del cultivo cosecha, traslada y comercializa, está en lo que se define un cartel”.