Senado y gobierno postergan votación de Ley de Amnistía para los “presos de la revuelta”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, junto al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el 15 de marzo. Foto: Agenciauno

Cámara Alta no puso en las tablas de esta semana la discusión de esta iniciativa. El Ejecutivo, por su parte, renovaría la "suma urgencia", con lo que daría más plazo para negociar.


Al menos dos semanas más de negociaciones se darán el gobierno y el Senado para poner en votación la ley que establece una amnistía a ciertos delitos vinculados a manifestaciones tras el estallido social.

Tras la reunión de comités, los representantes de todas las bancadas definieron las tablas de este martes y este miércoles y no fue incluida la mencionada ley que beneficiaría a los denominados “presos de la revuelta”.

Hace dos semanas, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, a petición de la senadora independiente Fabiola Campillai, había accedido a ponerle “suma urgencia” a este proyecto, lo que obligaba a votar en un plazo de 15 días la iniciativa. Ese plazo vencía este miércoles.

Sin embargo, tras los últimos contactos entre La Moneda y las bancadas de la Cámara Alta, donde no habría 26 votos para aprobar la amnistía, el Ejecutivo renovará la urgencia (facultad que tiene el Presidente de la República para apurar un trámite legislativo), lo que se traducirá en una postergación del plazo para votar.

Además de hacer un gesto a la senadora Campillai, la decisión de apurar este reforma estaba directamente relacionada con una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo, fecha que recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo y que anualmente se convierte en una jornada de protestas violentas. La idea del gobierno era dar una señal de paz social “a la calle”. No obstante, ello tampoco se vio reflejado en una jornada de menos incidentes.

En vista de que la derecha (UDI, RN, Evópoli y Republicanos) suma la mitad del Senado (25 de 50 senadores), inevitablemente para aprobar esta iniciativa se requería de un voto de ese sector.

Pero los acercamientos que hubo particularmente entre Campillai y el senador de RN Manuel José Ossandón tampoco dieron frutos, pues la parlamentaria acusó a su compañero de región de haberle pedido una suerte de intercambio para un indulto a exmilitares. Esa versión fue negada por el exalcalde de Puente Alto, quien -por el contrario- señaló que fue ella quien le habría pedido el voto para amnistiar a “los presos de la revuelta”.

Si bien había sectores de Apruebo Dignidad, entre ellos el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, que habían llamado al gobierno a votar, ya que a su juicio la discusión estaba agotada, el rechazo a ese proyecto hubiera tenido un efecto negativo adicional, ya que el tema no podría volver a presentarse en un año, salvo que la Cámara de Diputados aprobara por dos tercio la reposición de la iniciativa, que probablemente se toparía con el mismo rechazo de parte de los senadores.

A ello se sumaba otro factor de tensión, pues los senadores del PS y el PPD reaccionaron con molestia ante la presión de La Moneda, ya que un inminente rechazo solo alimentaría, a juicio de ellos, las posturas dentro la Convención Constitucional que buscan eliminar la actual Cámara Alta de la nueva Constitución.

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