Juan Carlos Jobet y proyecto de gas licuado: “Es una lástima que se haya perdido tanto tiempo, pero el ministro Pardow entendió que era el camino a seguir”

Juan Carlos Jobet, el ex biministro de Minería y Energía del gobierno de Sebastián Piñera, celebra que el Ejecutivo haya presentado el proyecto de ley que modifica la regulación para el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), y que propone la desintegración vertical de la industria, separando al mercado mayorista del minorista, y prohibiendo acuerdos de exclusividad entre ambos eslabones. Eso sí, lamentó el tiempo transcurrido entre el retiro del proyecto que envió al Congreso en enero de 2022 y que también incorporaba las recomendaciones realizadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para el mercado del gas natural (GN).

¿Qué le parece que el Ejecutivo haya mantenido la decisión de acoger las recomendaciones de la FNE para el mercado del gas licuado?

Es lo que había que hacer hace mucho tiempo, por eso es que nosotros presentamos un proyecto de ley que, en esencia, tiene los mismos contenidos, salvo pequeñas diferencias, con este proyecto de ley, lo que no es muy sorpresivo porque los dos están basados en las recomendaciones de la FNE, que es el ente técnico a cargo de este tema. Es una lástima que se haya perdido tanto tiempo, pero creo que el ministro Pardow entendió que ese era el camino a seguir. Y por lo tanto celebro que finalmente se haya presentado el proyecto. Se pudo hacer antes, desde luego que sí, pero al menos ya está en el Congreso y esperemos que ahora se pongan las urgencias y se le dé la prioridad que se necesita.

¿Cómo ve la negativa desde la industria, que sigue afirmando que el análisis de la FNE no refleja del todo la realidad con que operan los actores?

En su momento, cuando la FNE presentó su informe, la industria hizo ver sus discrepancias. A mí me parece legítimo que lo haga, pero el informe de la fiscalía es muy contundente. Me parece que aumentar la competencia siempre es bueno, va en beneficio de los clientes, y eso es lo que el regulador quiere asegurarse que ocurra. Las empresas tienen razonablemente un punto de vista, pero yo no lo comparto. En su momento, estudiamos el informe de la fiscalía en profundidad, lo conversamos en detalle, y creo que es bueno para los clientes que haya más competencia y que eso asegura que se mejora la calidad de servicio y eventualmente los precios a clientes. No es raro que la industria tome esa postura, en todo caso.

¿Hubo presiones desde la industria cuando presentaron ustedes su proyecto?

Nosotros no recibimos ninguna presión, lo que tuvimos -y lo dijimos públicamente en su momento- fueron reuniones con dos de los tres actores más grandes de la industria, que nos pidieron por ley de lobby. Recibimos a las personas que quisieron hacer ver sus puntos de vista y les hicimos ver por qué no estábamos de acuerdo, y perseveramos en el proyecto de ley a partir de las recomendaciones de la fiscalía. Pero es razonable que los actores de una industria hagan ver su punto de vista; lo importante es que el regulador tenga independencia de juicio para poder empujar lo que sea mejor para los consumidores, y no para las empresas incumbentes.

Las empresas han rebatido con fuerza la idea de que esta desintegración permita disminuir los precios, ¿está garantizado que esa regulación los empuje a la baja?

La palabra garantizar es demasiado dura. El precio depende en una parte muy importante del precio internacional, porque nosotros básicamente importamos el gas que se distribuye. Eso es lo más influyente en el precio final, pero hay una parte del precio que depende de la distribución, del rol de los mayoristas y minoristas. Es esa porción del precio la que, de acuerdo a la evidencia y al informe de la fiscalía, la que debiera reducirse con este proyecto de ley.

También se plantea que hubo experiencias fallidas en Brasil y México que no resultaron y que iban en esa línea, ¿qué habría que tener en cuenta de esos casos para evitar los mismos errores?

En su momento, cuando se redactó el proyecto nuestro, en la CNE y el ministerio se analizaron los distintos riesgos que tenía, se le hicieron algunos ajustes a las recomendaciones de la fiscalía -muy en el margen-, pero en general había un consenso muy amplio entre los técnicos con los que nosotros consultamos de que las recomendaciones de la fiscalía estaban bien orientadas y que deberían tener resultados positivos para los consumidores.

En términos políticos, ¿ve consenso para que este proyecto avance?

Yo no he vuelto a conversar con los parlamentarios en los últimos meses, pero cuando presentamos el proyecto de ley, generaba un consenso muy amplio políticamente. En su momento presentamos un proyecto de ley que incorporaba, en un solo proyecto, los dos capítulos del informe de la fiscalía, tanto en la regulación para el gas licuado como para el gas natural. El gobierno cuando retiró ese proyecto de ley, después decidió presentarlos por separado. A nosotros nos parecía que era mejor resolver ambos problemas en un solo proyecto, porque el riesgo político que hay es que toda la atención se vaya al proyecto de gas licuado, porque es el que ha generado más discusión últimamente, sobre todo después de los resultados del piloto de Enap. Esa arista política hay que tenerla en mente, porque aquí hay un problema en los dos mercados, y hay que tratar de resolverlos. Pero yo espero que esto tenga un acuerdo transversal, y en los dos proyectos.