Una serie de advertencias y preocupaciones en torno al nuevo proyecto de ley del gobierno que busca regular la industria del gas licuado de petróleo (GLP) expresaron sus principales actores. Por medio de una declaración de prensa, Lipigas apuntó críticamente a la decisión de desintegrar el mercado mayorista del mercado minorista y aseguró que con la modificación regulatoria propuesta “los precios no bajarán”.

En un escrito difundido durante este martes y sólo a horas de que el proyecto de ley del Ejecutivo ingresara a la Cámara de Diputados, la compañía dijo que “una nueva legislación debe asegurar que va a mejorar lo que existe hoy en términos de precio, seguridad y accesibilidad al gas licuado en cilindro”, enfatizando que “no se puede cometer un error con un servicio básico que usa más del 80% de las personas en el país”.

En esa línea, planteó la necesidad de que “las decisiones se tomen en base a evidencia y no a teorías”, agregando que, bajo su perspectiva, “la evidencia demuestra que el gas más barato lo obtienen hoy los usuarios cuando es la empresa mayorista la que llega hasta el cliente final”.

“Al desintegrar el mercado, es decir, al impedir que la empresa de gas le venda al usuario final, como plantea el proyecto de ley, los precios no bajarán y nos preocupa que se generen expectativas que no se cumplirán”, sostuvieron desde la empresa que distribuye cilindros de color amarillo.

Cabe recordar que, entre otras cosas, el proyecto de ley ingresado el lunes a la Cámara de Diputados propone mejorar la competencia del sector estableciendo la obligación de los distribuidores mayoristas de constituirse como personas jurídicas de giro exclusivo, prohibiendo todo tipo de cláusula de exclusividad e incentivos que permitan integrar ambos eslabones de la cadena logística.

En su declaración, Lipigas también ilustró sus preocupaciones en torno a la propuesta regulatoria aludiendo a las fallidas experiencias en otros países que también buscaron la desintegración vertical de la industria.

“En 2016, en Brasil intentaron aplicar las mismas medidas que propone el proyecto: se prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios. La medida fracasó y tres años más tarde derogaron la ley. Así, volvieron a permitir que las empresas de gas participaran en la distribución directa junto a los distribuidores minoristas. En México ocurrió un caso similar con los mismos resultados, donde, además se generaron problemas de seguridad, lo que puso en riesgo a las personas”, aseguraron desde la compañía.

Por su parte, desde Abastible apuntaron a los efectos que el proyecto tendría en las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la distribución de GLP.

“Nos preocupa que el modelo de operación que se ha construido con miles de pymes distribuidoras a lo largo del país y que ha demostrado entregar cobertura con un servicio de calidad con énfasis en la seguridad, no haya sido valorado en este proyecto”, indicaron, afirmando que ello pone “en peligro la subsistencia de miles de pymes”.

En ese sentido, aseguraron que “la desintegración que se impone afecta la libertad y el derecho de los distribuidores pymes de elegir su propio modelo de negocio, no pudiendo pactar ningún tipo de acuerdo comercial, afectando la sostenibilidad financiera de los distribuidores, sobre todo de los más pequeños”.

La declaración de Abastible, el mayor operador en el mercado, con una participación del 38,9%, cierra con un llamado a que “durante el trámite legislativo se genere un diálogo verdaderamente inclusivo con todos los actores, en especial con los distribuidores y con especialistas, lo que no ha ocurrido hasta ahora”.

A su turno, Gasco GLP, filial de Empresas Gasco dedicada al negocio del gas licuado de petróleo, cuestionó en duros términos la propuesta del gobierno.

“Nos parece extremadamente grave que el proyecto de ley presentado por el gobierno haya insistido en tomar como pilares las recomendaciones entregadas por el informe de la FNE (Fiscalía Nacional Económica) que, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, no representan de forma correcta el funcionamiento y operación de esta industria y que quedó demostrado con el fracaso de ENAP y su Gas para Chile”, afirmó la compañía.

Agregó que la iniciativa “no asigna ningún valor al mayorista, en cuanto a la definición de estándares de servicio, seguridad y cobertura del producto para llegar de buena forma a millones de hogares en Chile”.

Además lamentó la falta de “un estudio que investigue y/o explique cómo funciona la distribución minorista, que es lo más relevante para llegar con el cilindro al consumidor final”.

“Consideramos que sin entender esa parte de la cadena logística, es muy difícil asegurar que el proyecto de ley propuesto vaya a generar más competencia y una baja sustancial en los precios”, concluyó.

En tanto, el fiscal nacional económico Jorge Grunberg, celebró que el Ejecutivo haya considerado las recomendaciones regulatorias de la entidad que encabeza.

“Es una excelente noticia que nuestras recomendaciones sobre el Mercado del Gas estén sustentando un cambio legal que imprimirá competencia a este producto tan relevante para las personas”, señaló en un comunicado de prensa.

La autoridad añadió que “la buena acogida que han tenido las propuestas realizadas para el GLP es relevante para la institución, ya que nuestro propósito con los estudios de mercado es apoyar con datos objetivos y análisis sólidos la elaboración de políticas públicas que dinamicen la competencia en nuestros mercados, favoreciendo a los consumidores”.