Funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, hoy CMF) visitaron de forma frecuente la oficina 201 de Avenida Vitacura Norte 2808 durante los últimos tres meses de 2015.

En ese periodo fiscalizaron in situ las oficinas de Vantrust Capital Corredores de Bolsa, donde detectaron diversas irregularidades. Entre ellas, que, en el cálculo de las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia de la corredora, específicamente en el cálculo del patrimonio depurado, del patrimonio líquido y el índice de liquidez general consideraron montos (de $182,2 millones y de $181,2 millones) que correspondían a activos impagos que no debieron considerarse porque superaban los 30 días.

De este modo, incumplieron con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Mercado de Valores y la normativa sobre condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia para intermediarios de valores.

Tras ello, el regulador informó de esta situación a la corredora a través de dos oficios, uno de noviembre de 2015 y otro de febrero de 2016.

Es así como, luego de un proceso de investigación iniciado a raíz de esta situación, el 1 de agosto de 2018 la actual Unidad de Investigación de la CMF formuló cargos contra la intermediaria y su gerente general, Patricio Nazal. Los acusó de haber entregado información falsa al regulador y al mercado, de haber dejado de cumplir con el patrimonio mínimo de 14.000 UF durante 166 días en 2015, de haber incumplido la razón de endeudamiento, la razón de cobertura patrimonial y el índice de liquidez general, y de haber reportado estados financieros con información no fiable.

Y, tras haber recibido los descargos y analizar los antecedentes, este viernes la CMF informó que los cinco comisionados, de forma unánime, decidieron sancionar a la corredora y a Nazal por los cuatro tipos de infracción por los que fueron acusados.

De este modo, el regulador aplicó una multa de 2.000 UF (casi $70 millones) a Vantrust Capital y de 1.250 UF ($34,6 millones) a Nazal.

Ahora los sancionados tienen la posibilidad de concurrir a los tribunales para intentar revertir la decisión administrativa.